El Senado aprobó la reforma de Salud Mental: Bullrich tuvo que negociar fondos para las provincias y el rol de los psicólogos
El Gobierno de Javier Milei consiguió una victoria legislativa durante la madrugada de este viernes, pero para lograrla tuvo que aceptar modificaciones de último momento. El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental con 42 votos afirmativos y 21 negativos, en una sesión atravesada por fuertes discusiones sobre el financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los profesionales de la psicología.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debió negociar con los bloques aliados para reunir los votos necesarios. Las concesiones dejaron en evidencia que el proyecto original no tenía garantizado el acompañamiento de todos los sectores que el oficialismo necesitaba.
Las provincias reclamaron recursos para poder implementar la reforma
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el financiamiento. Senadores de distintas provincias advirtieron que no alcanza con modificar una ley si después los gobiernos locales deben afrontar los costos de nuevas exigencias sin contar con recursos suficientes.
Ante esos reclamos, Bullrich aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera del Estado nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva redacción contempla convenios bilaterales y la coordinación de recursos a través del Consejo Federal de Salud (COFESA), destinados al fortalecimiento de equipos profesionales, dispositivos comunitarios y telemedicina.
La senadora Carolina Moisés cuestionó la falta de garantías concretas para sostener la atención.
La legisladora planteó una pregunta central: ¿dónde se internará a los pacientes si no existen establecimientos adecuados y quién garantizará la atención si faltan profesionales y recursos?
El planteo expuso una preocupación que seguirá presente durante la implementación de la reforma: que las obligaciones establecidas por la ley puedan cumplirse efectivamente en cada provincia.
Los psicólogos consiguieron mantener un lugar en las decisiones
Otro punto de conflicto fue la participación de los psicólogos en las evaluaciones e internaciones.
El proyecto original del Ejecutivo otorgaba un papel central a los psiquiatras, lo que generó cuestionamientos de representantes profesionales y académicos.
Finalmente, el oficialismo aceptó modificaciones para establecer que las evaluaciones de internación deberán contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.
También se reconoció la participación de estos profesionales en las evaluaciones relacionadas con las altas médicas.
Bullrich defendió el trabajo conjunto entre ambas disciplinas y sostuvo que las dos perspectivas son necesarias para abordar los trastornos de salud mental.
Qué otros cambios contempla la reforma
Entre los principales puntos incorporados se encuentran:
- Modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave.
- Un plazo de hasta 48 horas para revalidar determinadas internaciones excepcionales mediante una evaluación interdisciplinaria.
- La posibilidad de utilizar teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles.
- Cambios en el abordaje de los consumos problemáticos, incluyendo otras adicciones, como la ludopatía.
El proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.
La reforma ahora deberá pasar por Diputados
Con 42 votos afirmativos y 21 negativos, el oficialismo consiguió la media sanción, pero todavía debe superar otro desafío legislativo.
La iniciativa será tratada en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tendrá que volver a negociar para conseguir los respaldos necesarios.
La discusión deja una cuestión fundamental: una reforma de Salud Mental no se mide solamente por los cambios escritos en una ley, sino también por los recursos, los profesionales y los establecimientos disponibles para atender a quienes necesitan asistencia.
El desafío será garantizar que las modificaciones se traduzcan en atención real y no queden solamente en compromisos legislativos.