SAN JUAN

Denuncian a una reconocida inmobiliaria por la entrega de 600 lotes en Rivadavia: llevan seis años de demora y no pueden escriturar

Compradores del complejo La Perla, ubicado en Sargento Cabral y Callejón Martín Fierro, afirman que los terrenos carecen de agua potable y servicios básicos. Pese a haber cancelado los montos en su totalidad, evalúan iniciar acciones en la Justicia civil.

DEMORAS, FALTA DE AGUA Y PROMESAS INCUMPLIDAS

Una profunda preocupación e indignación atraviesa a más de 600 familias sanjuaninas que en 2020 iniciaron la compra de terrenos urbanizados en el emprendimiento La Perla, localizado en el departamento Rivadavia. A seis años de haber comenzado las operaciones comerciales con Inmobiliaria Tulum —empresa que comercializó el proyecto bajo la figura de los fideicomisos Aguirre Ruiz y Sánchez Astrada—, los damnificados denuncian que los plazos contractuales de 24 meses para la entrega quedaron completamente vencidos, impidiéndoles avanzar con la construcción de sus viviendas y con el trámite de escrituración definitiva.

El principal obstáculo manifestado por los adquirentes radica en la ausencia total de factibilidad e infraestructura de agua potable en el loteo situado sobre calle Sargento Cabral y Callejón Martín Fierro. Según afirman los damnificados, desde la firma comercializadora atribuyen las demoras a la empresa estatal OSSE, mientras que decenas de propietarios que cancelaron el valor total de los terrenos —con inversiones que alcanzaron sumas significativas— continúan sin disponer de la posesión real ni de los servicios básicos para habitar el predio.

TESTIMONIOS Y ACCIONES JUDICIALES EN MARCHA

Frente a la falta de soluciones concretas por parte de los desarrolladores, diversos grupos de compradores comenzaron a coordinar acciones ante Organismos de Defensa del Consumidor y mediante el envío de cartas documento. Casos como el de Víctor Gallardo, uno de los damnificados, reflejan el estancamiento de las negociaciones, en las cuales la empresa ha rechazado las solicitudes de devolución de dinero a precios actualizados, empujando a los vecinos a dirimir el conflicto por la vía de la Justicia civil.

La problemática afecta de manera directa los proyectos de vida de los adjudicatarios, muchos de los cuales realizaron sacrificios patrimoniales severos para acceder al lote propio. Es el caso de Gerardo Padín, quien vendió vehículos e inmuebles en 2021 con la perspectiva de edificar su casa al momento de jubilarse. Tras haber alcanzado el retiro laboral sin obtener respuestas ni instrumentos de negociación viables, los propietarios exigen una intervención urgente de las autoridades para regularizar la situación dominial y sanitaria del complejo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *