US$150.000 por el vuelo de Bolsonaro: el dueño del avión reveló quién pagó el traslado desde Argentina
El empresario Luis Grande, propietario de Baires Fly, confirmó que recibió 150.000 dólares por trasladar a Flávio Bolsonaro y su familia desde Puerto Iguazú hasta Estados Unidos. Aseguró que lo contrató un intermediario que vive en Florida, pero se negó a revelar su identidad. Mientras crecen los interrogantes sobre quién financió la operación, la Justicia argentina investiga si hubo irregularidades durante la salida del dirigente brasileño.
El traslado de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos suma nuevos interrogantes. El dueño de la empresa que operó el vuelo confirmó que recibió una suma de US$150.000 y aseguró que el dinero fue transferido desde una cuenta de una empresa estadounidense hacia una entidad bancaria argentina.
Luis Grande, propietario de Baires Fly, explicó que el servicio fue contratado por un intermediario del sector aeronáutico al que conoce desde hace aproximadamente diez años y que actualmente reside en Florida.
“A mí me contrató un broker a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos”, declaró el empresario a la agencia AFP.
Grande evitó revelar el nombre del intermediario y sostuvo que desconoce quién fue el contratante final. Según su versión, el propio broker también le habría manifestado que no conocía personalmente a Bolsonaro antes de realizar la operación.
La versión sobre un asesor de Donald Trump
La declaración del empresario apareció después de que el diario The New York Times publicara que el vuelo habría sido contratado por Jason Miller, asesor del presidente estadounidense Donald Trump.
Hasta el momento, la Casa Blanca no había emitido una respuesta sobre esa información.
El pago de US$150.000 abre nuevos interrogantes sobre el financiamiento del traslado y sobre las personas que pudieron intervenir en una operación que terminó llevando al dirigente brasileño hasta Miami.
El recorrido que generó polémica
Según los registros migratorios, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas.
A las 23.30, la familia abordó un avión privado operado por Baires Fly, con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, despegó a las 00.21 y posteriormente continuó su recorrido hacia Miami.
La salida se produjo después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
El Gobierno argentino niega irregularidades
La operación provocó cuestionamientos políticos y judiciales en Argentina. Desde el Gobierno nacional aseguraron que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existían impedimentos de Interpol para su tránsito por territorio argentino.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que las autoridades ya entregaron a la Justicia los registros migratorios y las actuaciones relacionadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Sin embargo, la Justicia busca determinar qué información tenían los organismos argentinos sobre la situación judicial del dirigente brasileño y si existieron fallas o incumplimientos en los controles migratorios y aeroportuarios.
En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una denuncia contra Javier Milei y otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento. También existen actuaciones judiciales en Puerto Iguazú a partir de una presentación de la diputada Marcela Pagano.
Una operación de US$150.000 y muchas preguntas
La confirmación del pago agrega un elemento económico a una controversia que ya tiene derivaciones políticas y judiciales.
¿Quién puso los 150.000 dólares? ¿Quién fue realmente el intermediario? ¿Y qué sabían las autoridades argentinas sobre el viaje?
Por ahora, el empresario confirmó el monto y la modalidad de pago, pero no identificó al responsable final de contratar el traslado. La investigación judicial deberá establecer si detrás de esta operación existieron responsabilidades que todavía no salieron a la luz.