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¿Sería bueno aplicarlo en San Juan? Comodoro Rivadavia prohibió los ploteos políticos en vehículos oficiales

Una iniciativa aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia en Chubut comenzó a resonar con fuerza en el arco político de distintas provincias argentinas, abriendo un inevitable interrogante local: ¿sería una buena medida para implementar en los municipios de San Juan?

La nueva normativa patagónica establece un estricto marco de austeridad y control sobre los bienes del Estado, prohibiendo de forma absoluta que los vehículos municipales lleven ploteos, nombres o diseños vinculados a la gestión política de turno. De ahora en adelante, la flota oficial solo podrá exhibir el escudo de la ciudad y el número interno de la unidad, despojando a los bienes públicos de cualquier tipo de propaganda partidaria.

Control vecinal con tecnología: el espejo donde mirarse

El proyecto, impulsado por el concejal radical Pablo Bustamante, no solo regula la estética de los rodados, sino que introduce una herramienta tecnológica que bien podría replicarse en los departamentos sanjuaninos para fomentar el compromiso ciudadano:

  • Códigos QR en cada móvil: Todos los vehículos oficiales deberán llevar un código QR visible. Al escanearlo con un teléfono celular, cualquier vecino puede acceder a una plataforma digital pública.

  • Datos abiertos en tiempo real: La web permite visibilizar la patente, el área municipal responsable del vehículo y las vías de contacto de la dependencia.

  • Denuncias inmediatas: Si un ciudadano detecta un uso indebido de un rodado público, la plataforma ofrece un canal directo para radicar la denuncia de manera digital.

El fin del uso particular y las “faltas graves”

La ordenanza ratifica de manera taxativa que los vehículos del Estado pertenecen a la comunidad y deben ser destinados exclusivamente al cumplimiento de funciones públicas. Bajo este nuevo marco legal, utilizar un móvil oficial para fines personales o recreativos pasa a ser catalogado formalmente como una “falta grave”, exponiendo a los infractores a severas sanciones administrativas.

En tiempos donde la sociedad demanda una mayor transparencia en la administración de los recursos del pueblo y el fin de los privilegios, la veda a la propaganda política en los bienes del Estado aparece como un modelo de vanguardia. ¿Estarán los departamentos de San Juan listos para debatir y adoptar una legislación similar en sus propios concejos deliberantes?

Fuente: Radiovision

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