La reciente decisión del Gobierno nacional de avanzar con la desregulación del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) abrió un intenso debate en todo el país. Mientras la medida busca ampliar la oferta de servicios, fomentar la competencia y facilitar el acceso de los conductores a la verificación vehicular, desde San Juan surgieron voces que advierten sobre posibles riesgos y ponen en duda la viabilidad económica del nuevo esquema en la provincia.

La resolución nacional habilita a que talleres mecánicos, concesionarios e importadores que cumplan determinados requisitos técnicos puedan incorporarse al sistema de inspecciones vehiculares. Sin embargo, referentes del sector aseguran que la medida presenta desafíos que van mucho más allá de una simple apertura del mercado.

La preocupación por la transparencia de las revisiones

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la posibilidad de que un mismo establecimiento realice la inspección y, al mismo tiempo, ofrezca las reparaciones necesarias para aprobarla.

Desde el sector entienden que esta situación podría generar conflictos de intereses y abrir la puerta a prácticas poco transparentes.

La preocupación radica en que algunos talleres podrían verse tentados a señalar supuestas fallas mecánicas para luego ofrecer soluciones dentro del mismo establecimiento, incrementando así sus ingresos a costa del desconocimiento de los conductores.

Si bien la normativa contempla controles y exigencias específicas, empresarios vinculados a la actividad consideran que el éxito del nuevo sistema dependerá en gran medida de la fiscalización que puedan realizar las autoridades competentes.

Inversiones millonarias para ingresar al sistema

Otro de los puntos que genera dudas está relacionado con los costos que implica habilitar una línea de inspección técnica.

Aunque la normativa permite que más actores participen de la actividad, los requisitos tecnológicos y de infraestructura continúan siendo elevados.

Equipamiento especializado, sistemas de medición, bancos de prueba y estructuras adaptadas forman parte de las exigencias necesarias para obtener la autorización correspondiente.

Según empresarios del sector, las inversiones requeridas son millonarias y podrían resultar difíciles de recuperar en provincias con una demanda relativamente baja como San Juan.

Una realidad diferente a la de los grandes centros urbanos

Desde los talleres sanjuaninos sostienen que la medida parece haber sido diseñada pensando principalmente en la realidad de las grandes ciudades del país, donde existe un parque automotor considerablemente más amplio y una demanda constante de revisiones técnicas.

En contraste, en San Juan la actividad presenta períodos muy marcados de alta y baja demanda.

Durante gran parte del año, las plantas verificadoras trabajan muy por debajo de su capacidad máxima, mientras que la mayor concentración de usuarios suele registrarse en épocas vacacionales, cuando los conductores buscan cumplir con los requisitos para viajar.

Esta situación genera incertidumbre respecto a la posibilidad de que nuevos talleres puedan sostener económicamente las inversiones necesarias para incorporarse al sistema.

También hay oportunidades

Pese a las críticas, desde el sector reconocen que la flexibilización también podría traer beneficios.

Uno de ellos es la posibilidad de captar vehículos radicados en otras provincias, ampliando el mercado potencial para los talleres habilitados.

Además, la simplificación de algunos procesos administrativos podría favorecer una mayor accesibilidad para los usuarios y contribuir a mejorar la cobertura de las revisiones técnicas.

El desafío de combatir la informalidad

Otro aspecto señalado por los empresarios es la necesidad de reforzar los controles sobre certificados falsificados o verificaciones apócrifas, una problemática que históricamente ha afectado al sistema.

Según indican, una parte importante del parque automotor circula sin cumplir con la revisión obligatoria o utilizando documentación irregular, lo que termina impactando en la demanda real de los talleres habilitados.

En ese contexto, consideran que la modernización del sistema puede representar una oportunidad para mejorar la seguridad vial, siempre que vaya acompañada por mecanismos efectivos de control y fiscalización.

La implementación de la nueva normativa comenzará a mostrar sus efectos en los próximos meses. Mientras tanto, en San Juan el sector observa con cautela una medida que promete más competencia y flexibilidad, pero que también plantea interrogantes sobre su impacto económico y operativo en una provincia con características muy diferentes a las de los grandes centros urbanos del país.