El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reconoció la inquietud de empresas de su país por el proyecto que busca sancionar a compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El canciller Pablo Quirno defendió la iniciativa y ratificó que el reclamo de soberanía es innegociable.

Estados Unidos manifestó su preocupación por el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno argentino, que propone endurecer las sanciones contra empresas que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

La postura fue expresada este jueves por Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. El funcionario aclaró que Washington sigue de cerca los posibles efectos de la iniciativa sobre sus compañías, aunque aseguró que respeta las decisiones institucionales del país.

“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina”, afirmó Landau. Además, señaló que su gobierno presta atención a los intereses de las empresas estadounidenses y remarcó que respeta el proceso legislativo argentino.

Qué propone la ley por Malvinas

La iniciativa busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las herramientas legales para actuar contra compañías que financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

Entre las medidas previstas figuran multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales. El proyecto también contempla mecanismos para que las empresas abandonen las actividades alcanzadas por el régimen, en particular aquellas vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

El Gobierno argentino reconoció que mantuvo contactos con Washington para analizar las consecuencias que podrían tener las sanciones sobre compañías y grandes fondos de inversión estadounidenses. Sin embargo, sostiene que las observaciones de ese país no constituyen una exigencia formal para retirar la iniciativa.

Quirno defendió la reforma y sostuvo que la legislación actual no ofrece todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. También explicó que las empresas deberán evaluar si continúan con operaciones bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas o si apuestan por desarrollar inversiones en el territorio continental.

El reclamo argentino y las Naciones Unidas

Durante la conferencia, Landau también se refirió al planteo estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Según explicó, esa propuesta forma parte de la agenda de reforma de organismos multilaterales de la administración de Donald Trump y no constituye una definición específica sobre el reclamo argentino por Malvinas.

Quirno reconoció la importancia de ese comité como espacio para debatir la cuestión de soberanía, aunque aseguró que la posición argentina no depende exclusivamente de su existencia.

El canciller reiteró que la Argentina continuará defendiendo sus derechos por las vías diplomáticas y jurídicas, con el objetivo de que se retomen las negociaciones con el Reino Unido.

El proyecto de ley fue enviado al Congreso el 17 de septiembre, pero su tratamiento quedó sujeto a negociaciones con bloques aliados por diferencias en capítulos vinculados con seguridad nacional, defensa e inteligencia.

Cooperación bilateral y nuevos acuerdos

El encuentro también incluyó anuncios de cooperación entre ambos países en seguridad, ciberseguridad y protección de menores.

Según informó Quirno, Estados Unidos aprobó US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones se destinarán a proyectos en la Argentina. Además, se anunció asistencia de hasta US$10 millones para combatir la trata de menores y un aporte no reembolsable de US$15 millones para crear un centro de operaciones de ciberseguridad.

La agenda incluyó conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, el acuerdo comercial bilateral y el posible ingreso argentino al programa estadounidense de exención de visas. También se repasaron los preparativos para la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prevista para noviembre.

La posición de Washington refleja una preocupación por los intereses económicos de sus empresas, mientras que el Gobierno argentino sostiene que la nueva legislación busca fortalecer los instrumentos de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.