Ley de Desarrollo Local Minero: Orrego envió el proyecto a la Legislatura con fuerte consenso político
El Poder Ejecutivo formalizó la iniciativa que busca fijar reglas claras para las multinacionales en San Juan. El oficialismo articuló reuniones con la oposición y aseguran que están los votos para su aprobación. Apuntan a generar un derrame real del RIGI en los departamentos.
El gobernador Marcelo Orrego cumplió con uno de los anuncios más esperados por el sector productivo y envió formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de la “Ley para el Desarrollo Local Minero”. La normativa ingresa en un momento bisagra para la provincia, que ya cuenta con compromisos de inversión bajo el RIGI por más de USD 31.200 millones, y busca garantizar que el impacto de la actividad metalífera se traduzca de forma directa en el crecimiento de la economía interna.
Desde el bloque oficialista confirmaron que la iniciativa ya cuenta con un consenso transversal madurado tras intensas reuniones con las distintas bancadas de la Legislatura, por lo que se descuenta que tendrá un trámite legislativo ágil y el respaldo necesario para convertirse en ley en el corto plazo. La norma abrogará la vieja Ley 1208-M (que jamás llegó a implementarse) y otorgará plazos de entre 60 y 90 días para que las mineras presenten sus planes de trabajo.
El Estado como árbitro del recurso público
El proyecto de ley se fundamenta en un principio institucional clave: la minería metalífera explota, bajo sistema de concesión, recursos que pertenecen originariamente al Estado provincial. Por este motivo, el Ejecutivo argumenta su facultad para exigir condiciones de retorno directo hacia la comunidad sanjuanina, sin que esto signifique imponer cupos obligatorios que atenten contra la libre competencia.
“La experiencia internacional demuestra que el impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo”, defendió el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.
Para velar por el cumplimiento de las metas, la cartera minera actuará como Autoridad de Aplicación. El control técnico estará respaldado por una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo de carácter público-privado. Las operadoras que incumplan injustificadamente las pautas o realicen declaraciones falsas afrontarán severas multas que podrían alcanzar las 60.000 Unidades Tributarias, aunque la norma contempla excepciones si se demuestra fehacientemente la inexistencia de oferta competitiva en la provincia.