La Subsecretaría de Trabajo analiza posibles multas a los gremios docentes tras el paro y espera los datos de asistencia
La Subsecretaría de Trabajo de San Juan continúa evaluando si corresponde aplicar sanciones económicas a los sindicatos docentes que adhirieron al paro de esta semana. La decisión dependerá de los informes de asistencia que el Ministerio de Educación debe remitir para determinar si se cumplió con el porcentaje mínimo de prestación del servicio que exige la legislación vigente.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que el primer paso fue notificar formalmente a las organizaciones sindicales sobre la plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que considera a la educación un servicio esencial y obliga a garantizar al menos el 75% de la actividad durante una medida de fuerza.
“Se emitió una resolución para intimar a los gremios y recordarles las obligaciones que establece la normativa. Ahora estamos esperando los informes del Ministerio de Educación para conocer el nivel de acatamiento al paro y evaluar cada caso en particular”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Estación Claridad.
Marchese remarcó que la norma nacional fue ratificada por la Justicia y, por lo tanto, las provincias deben garantizar su cumplimiento. En ese marco, sostuvo que cualquier eventual sanción se resolverá una vez que se determine si el nivel de presentismo escolar estuvo por debajo del piso establecido por la ley.
La situación de cada sindicato
El funcionario indicó que cada organización será analizada de manera individual. En ese sentido, recordó que UDAP y AMET comunicaron formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo su adhesión a la huelga nacional.
Distinta es la situación de UDA. Según explicó Marchese, ese gremio no presentó una notificación oficial y previamente había difundido un comunicado en el que aseguraba que no participaría de la medida de fuerza. Sin embargo, los primeros relevamientos reflejaron un importante nivel de adhesión en establecimientos secundarios, donde el sindicato concentra gran parte de sus afiliados.
Ante ese escenario, el subsecretario sostuvo que, si se comprueba que los docentes afiliados a UDA participaron del paro sin que el gremio lo hubiera informado previamente, la situación podría derivar en una sanción diferente. No obstante, aclaró que primero deberán analizarse todos los antecedentes antes de adoptar una resolución.
Esperan los informes de Educación
Marchese explicó que los datos enviados por el Ministerio de Educación serán fundamentales para establecer el porcentaje real de prestación del servicio. El relevamiento distinguirá las ausencias provocadas por el paro de aquellas justificadas por licencias médicas u otros motivos, con el fin de determinar con precisión el nivel de asistencia registrado en cada establecimiento.
Una vez finalizado ese análisis, la Subsecretaría definirá si existió incumplimiento de la obligación de garantizar el 75% del servicio educativo y, en caso de corresponder, avanzará con la aplicación de multas a las organizaciones sindicales involucradas.
Un paro de alcance nacional
La medida de fuerza realizada en San Juan formó parte de una convocatoria nacional impulsada por los gremios docentes en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
Aunque los sindicatos locales habían alcanzado recientemente acuerdos salariales con la administración provincial, decidieron adherir al paro nacional. Desde la Subsecretaría de Trabajo sostuvieron que mantienen competencia para intervenir debido a que el servicio educativo depende de la provincia y no existió una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación que limitara las facultades del Gobierno sanjuanino.