La Justicia confirmó la prisión preventiva para el penitenciario acusado de abusar de un interno en San Juan
El juez de Impugnación Eduardo Raed ratificó la detención de Alfaro Tejada por el término de dos meses. La UFI Delitos Especiales lo investiga por abuso sexual, vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de una requisa irregular.
RATIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR
El juez de Impugnación Eduardo Raed resolvió mantener la prisión preventiva por un plazo de dos meses para el agente del Servicio Penitenciario Provincial, Alfaro Tejada, rechazando el planteo impulsado por la defensa técnica del imputado. El agente se encuentra formalmente investigado por la UFI Delitos Especiales tras ser acusado de cometer un presunto abuso sexual en perjuicio de un interno condenado, concurso que abarca además los delitos de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pese al reclamo de la defensa —que argumentaba que las pruebas incorporadas favorecen la posición del penitenciario y que no existían motivos para sostener la privación de libertad—, la Magistratura ratificó la medida preventiva por entender que persiste un riesgo cierto de entorpecimiento de la investigación debido al cargo y las relaciones del acusado dentro del penal.
LOS HECHOS EN INVESTIGACIÓN Y PROTOCOLOS INCUMPLIDOS
La hipótesis que reconstruye la Fiscalía, con la intervención de los funcionarios Francisco Nicolía y Gemma Cabrera, señala que el episodio ocurrió durante un procedimiento de inspección a un recluso que reingresaba al establecimiento carcelario tras hacer uso de una salida transitoria. Ante la sospecha de que el interno llevaba oculto un objeto no autorizado en el interior de su cuerpo, el penitenciario llevó a cabo una requisa en la que se habría producido el ataque y los vejámenes denunciados. Sin embargo, dicha sospecha de contrabando fue descartada en forma definitiva tras la atención brindada al interno en el Hospital Marcial Quiroga.
Uno de los ejes centrales de la acusación radica en que los protocolos normativos vigentes establecen con absoluta claridad que cualquier procedimiento de requisa intrusiva debe estar a cargo exclusivo de profesionales médicos habilitados y jamás ser ejecutado por personal de custodia penitenciaria. Mientras el imputado permanece en prisión preventiva, la causa penal continuará incorporando medidas de prueba determinantes, incluyendo el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y ruedas de reconocimiento para definir la responsabilidad del funcionario involucrado.