Imputaron a un policía acusado de agredir y apuntar con su arma a su ex: estará en libertad durante la investigación
La jueza Verónica Gloria Chicón formalizó la causa contra el efectivo Mauricio Ruarte por violencia de género, amenazas agravadas y violación de domicilio. Pese al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, la magistrada dispuso su liberación bajo medidas de restricción.
El efectivo policial Mauricio Ruarte fue formalmente imputado en el marco de una investigación por presuntas agresiones, amenazas con arma de fuego y violación de domicilio en perjuicio de su expareja. Durante la audiencia de control de detención y formalización realizada este viernes, la jueza de Garantías Verónica Gloria Chicón dispuso un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP), otorgándole al acusado la libertad bajo cumplimiento de medidas cautelares.
EL HECHO Y LAS ACUSACIONES DE FISCALÍA
De acuerdo con lo expuesto por la ayudante fiscal Victoria Salinas, el hecho ocurrió en el domicilio de la víctima, María Quiroga, con quien el imputado mantuvo una relación de ocho años y tiene una hija en común.
Ruarte se habría presentado en la vivienda e ingresó sin autorización. Al advertir la presencia de un amigo de su expareja, el policía le exigió que se retirara, iniciando una agresión física y extrayendo su arma reglamentaria. Ante la situación, Quiroga intentó realizar una llamada telefónica para solicitar auxilio; en ese momento, el acusado le quitó el dispositivo, la arrojó sobre un sillón y le habría apuntado con el arma de fuego.
Posteriormente, el agente fue detenido en su puesto de trabajo ubicado en la localidad de Vallecito, departamento Caucete, procedimiento en el cual las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de su arma reglamentaria.
IMPUTACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES
La Fiscalía encuadró la conducta de Ruarte bajo las figuras de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, solicitando dos meses de prisión preventiva.
Sin embargo, la magistrada rechazó la medida de encierro y dispuso la inmediata libertad del imputado sujeta a reglas de conducta: la prohibición absoluta de acercamiento y contacto hacia la víctima y sus familiares, la obligación de presentarse una vez al mes en la comisaría correspondiente y la promesa formal de no obstaculizar el proceso penal. Por su parte, los abogados defensores, José Beltrán y Marcela Olivera, rechazaron de manera categórica la versión de los hechos vertida por el Ministerio Público Fiscal.