Estafa informática a Movistar: probation, $100.000 de reparación y 60 horas de trabajo comunitario para el imputado

La Justicia de San Juan concedió la suspensión de juicio a prueba a Mariano Nicolás Palma Romero. El dinero será donado a entidades de bien público y deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante un año para evitar ir a juicio oral.

CIBERDELITO Y SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA

Una causa iniciada por ciberdefraudación informática contra la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar) tuvo una resolución clave en los Tribunales de San Juan. La jueza de Garantías Ana Carolina Parra otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation) por el término de un año a Mariano Nicolás Palma Romero, imputado por acceso indebido a sistemas informáticos.

La investigación —originada en una denuncia remitida desde Buenos Aires— estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, representada por el fiscal subrogante Guillermo Heredia y el ayudante fiscal Patricio Díaz.

SANCIONES ECONÓMICAS Y TRABAJO COMUNITARIO

Tras el acuerdo formalizado entre la Fiscalía y la defensa del acusado, la magistrada dispuso una serie de condiciones y compromisos de reparación que el imputado deberá acatar de forma estricta:

• Reparación económica: Deberá abonar $100.000 en efectivo antes del 10 de noviembre de 2026. A pedido de la empresa damnificada, los fondos serán derivados a instituciones de bien público que determine la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

• Servicio comunitario: Deberá cumplir 60 horas de trabajo no remunerado en un plazo máximo de tres meses en la entidad que le sea asignada.

• Reglas de conducta: Tendrá que fijar domicilio real, someterse al control de la OMA y abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol.

En caso de que Palma Romero incumpla alguna de las pautas establecidas o vuelva a cometer un delito, el beneficio de la probation será revocado de inmediato y la causa avanzará hacia la realización del juicio oral y público. Asimismo, la Justicia ordenó mantener el secuestro de todos los elementos tecnológicos incautados durante la instrucción.