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Escándalo en la Armada Argentina: investigan un fraude millonario por casi $1.000 millones en la liquidación de sueldos

Una auditoría interna detectó la alteración manual de archivos informáticos para desviar fondos a allegados y personal sin relación formal. La maniobra operó durante más de tres años y ya está bajo la lupa del Juzgado Federal N° 2.

DESFALCO HISTÓRICO EN LA ARMADA ARGENTINA

La Armada Argentina atraviesa uno de los escándalos administrativos y judiciales más graves de su historia reciente tras la confirmación de un esquema sistemático de desvío de fondos públicos en la liquidación de haberes. El perjuicio patrimonial estimado asciende a $981.148.567,88, acumulado a lo largo de una maniobra clandestina que funcionó entre julio de 2022 y enero de 2026. En total se detectaron 645 transferencias indebidas dirigidas a 23 personas dentro de un circuito mensual de pagos que abarca a más de 24.000 agentes de la fuerza. Antes de formalizar la denuncia, las autoridades lograron recuperar poco más de $42,5 millones.

De acuerdo con la presentación efectuada ante la Justicia Federal, la maniobra no correspondió a un fallo del sistema informático, sino a un mecanismo quirúrgico y deliberado para eludir los controles institucionales. Las modificaciones en los lotes de pago se ejecutaban manualmente después de completados los controles de auditoría ordinarios. Posteriormente, los archivos adulterados con suplementos e importes sin respaldo legal se transmitían directamente al Banco de la Nación Argentina. Una vez aprobados los envíos, los valores informáticos se restituían formalmente a su estado original para que los giros extra no figuraran en los recibos de sueldo públicos.

El desglose judicial reveló que el 44,25% del total desviado, equivalente a unos $434,2 millones, fue canalizado a personas ajenas a la institución militar. Entre los involucrados figura Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista, quien admitió en las actuaciones internas haber realizado las modificaciones manuales de forma discrecional. Su cónyuge, María del Carmen Prieto, percibió de forma irregular más de $152 millones sin mantener ningún vínculo laboral con la Armada. La investigación contempla además a Roberto Eduardo Castro, por percibir simultáneamente haberes en el país y en el exterior, y a su pareja, Luana Magalí Piedigrossi, por recibir acreditaciones mientras gozaba de una licencia sin goce de sueldo.

La denuncia penal fue formalizada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, ante el Juzgado Federal N° 2. Como medida preventiva, se dispuso la separación inmediata del personal implicado, la puesta a disposición de las autoridades judiciales y el resguardo de los servidores informáticos para peritajes exhaustivos. Asimismo, la conducción de la fuerza ordenó una reorganización operativa para descentralizar y separar de manera estricta las funciones de liquidación, pago y conciliación bancaria, mientras el Ministerio de Defensa ratificó una política de tolerancia cero frente a hechos de corrupción.

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