Escándalo en el sector minero: denunciaron penalmente al presidente de una agrupación por cobrar cursos que debían ser gratuitos

Integrantes de la comisión directiva de la agrupación Minera Cordillera de los Andes acudieron a la Justicia contra Patricio Páez por presunta malversación de fondos. Advierten que los montos, de hasta $200.000 por alumno, se transferían a cuentas personales y que los certificados carecen de validez legal.

DENUNCIA PENAL Y MANIOBRA ECONÓMICA

Una grave denuncia por malversación de fondos sacude al ámbito minero e institucional de la provincia. Integrantes de la comisión directiva de la agrupación Minera Cordillera de los Andes radicaron una presentación penal en la UFI de Delitos Especiales contra el presidente de la entidad, Patricio Páez, por el cobro sistemático y no autorizado de capacitaciones laborales que, por estatuto institucional, debían dictarse de manera completamente gratuita.

La irregularidad fue expuesta públicamente por David Suárez, dirigente de la comisión directiva, quien detalló que la asociación civil nació con el fin de capacitar sin costo a trabajadores sanjuaninos para fomentar el empleo local bajo el amparo de la Ley 8020. Sin embargo, en los últimos meses detectaron un esquema de cobros paralelos que generó un perjuicio económico estimado.

TRANSFERENCIAS A CUENTAS PERSONALES Y CERTIFICADOS SIN AVAL

Según la exposición realizada ante los tribunales provinciales y los testimonios aportados por los propios damnificados:

• Montos y modalidad: Los asistentes abonaban sumas de entre $100.000, $150.000 y $200.000 por participante. Se calcula que más de 100 personas realizaron los cursos, lo que implicaría una maniobra de entre 15 y 20 millones de pesos.

• Destino del dinero: Las transferencias bancarias no ingresaban a la entidad, sino directamente a las cuentas personales de Páez y de su hijo. Para justificar el cobro, el acusado aludía a un emprendimiento privado (Trackshop) que no cuenta con registro como entidad capacitadora ni CUIT habilitante.

• Uso de instalaciones públicas: Las clases se dictaban en recintos cedidos gratuitamente por el municipio de Rawson, como El Coloso, bajo la premisa de que se trataba de un servicio comunitario sin fines de lucro.

• Sin validez legal: La dirigencia advirtió que el 80% de los certificados emitidos carecen de aval oficial o respaldo institucional del Gobierno o de las empresas del sector.

ACTUACIÓN EN PERSONERÍA JURÍDICA

Ante la falta de explicaciones en las reuniones de comisión, los dirigentes acudieron a la UFI de Delitos Especiales aportando los comprobantes de transferencia suministrados por los afectados. Paralelamente, se notificó a la Dirección de Personería Jurídica para congelar los trámites administrativos de la personería en trámite y concretar la remoción formal del denunciado.