Encuesta en San Juan: el 52% apoya bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pero el respaldo cambia según el delito
Un sondeo presencial de IOPPS sobre 500 casos reveló que más de la mitad de los sanjuaninos respalda la medida. Sin embargo, el apoyo al castigo se desploma ante faltas menores y el 80% coincide en que la clave es la inversión en educación.
MAYORÍA A FAVOR Y RESULTADOS DEL SONDEO
Un relevamiento presencial llevado a cabo en San Juan por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), bajo la dirección de Antonio De Tommaso, reveló que el 52% de los encuestados está a favor de reducir la edad de imputabilidad penal a los 14 años. La cifra se desglosa en un 11% “muy de acuerdo” y un 41% “de acuerdo”. En la postura opuesta se ubica un 36% (11% poco de acuerdo y 25% nada de acuerdo), mientras que el 12% restante manifestó dudas o no sabe.
El estudio sobre 500 casos efectivos evidenció que el consenso público varía sustancialmente cuando se analizan situaciones y condenas concretas, dejando al descubierto los grises de una discusión que trasciende el mero posicionamiento a favor o en contra.
EL IMPACTO DE LA GRAVEDAD DEL DELITO
La postura de los consultados cambia de forma determinante según el tipo de falta cometida:
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Homicidios y hechos graves: Ante un caso donde un adolescente de 14 o 15 años comete un homicidio durante un robo o pelea y puede recibir hasta 15 años de condena en un instituto especializado, el respaldo al castigo alcanza el 62%, frente a un 29% en desacuerdo.
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Faltas y delitos menores: Frente a infracciones leves, la postura punitiva se desploma. Ante una falsa amenaza de bomba en una escuela para evitar un examen, solo el 22% apoya una pena de hasta 6 años (76% en desacuerdo). Asimismo, en el caso de la falsificación de DNI para ingresar a un boliche con penas de hasta 8 años, apenas el 10% se mostró de acuerdo, registrando un rechazo del 83%.
DESCONOCIMIENTO, REINSERCIÓN Y PREVENCIÓN EDUCACIONAL
El sondeo también evaluó el nivel de información de la sociedad: el 84% de los encuestados admitió desconocer que solo 2 de cada 100 delitos en la Argentina son cometidos por menores de edad. En contraste, el 70% conocía la restricción legal que impide que los menores compartan espacios de detención con adultos.
Respecto a la efectividad del sistema penitenciario, el 55% consideró que el encierro no resulta “nada útil” para la reinserción social de un joven. Finalmente, la mayor coincidencia de la muestra se registró en el área preventiva: el 80% afirmó que el Estado debe priorizar e invertir en educación pública para evitar el delito juvenil, en tanto que un 58% advirtió que un error grave en la adolescencia puede condicionar de manera permanente la vida laboral y familiar de una persona.
