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El Senado debate una reforma sobre propiedad privada, compra de tierras y desalojos exprés

El Senado de la Nación debate un proyecto impulsado por el oficialismo que propone una profunda reforma del régimen de propiedad privada en Argentina. La iniciativa incluye cambios en la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un nuevo sistema de desalojos rápidos para casos de usurpaciones y modificaciones en los procesos de desalojo por falta de pago de alquileres.

La sesión comenzó luego de que el oficialismo lograra reunir el quórum necesario para tratar la iniciativa, además de avanzar con la aprobación de pliegos para cargos en la Justicia.

Compra de tierras por extranjeros

Uno de los aspectos centrales del proyecto plantea eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

La propuesta establece que cada provincia tendrá la facultad de autorizar estas operaciones dentro de su territorio, mientras que continuará prohibida la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista una autorización expresa tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo Nacional.

En las zonas de frontera, además, será obligatorio contar con la aprobación de las autoridades nacionales y provinciales debido a su importancia estratégica.

El proyecto también incorpora el denominado “silencio administrativo”. Esto significa que, si transcurren 180 días sin objeciones por parte de las autoridades competentes, la operación podrá considerarse aprobada automáticamente.

Desalojos más rápidos

La iniciativa también introduce un procedimiento de desalojo acelerado para inmuebles ocupados ilegalmente o en situaciones de tenencia precaria.

Según el texto, el propietario podrá solicitar la restitución inmediata del inmueble presentando la documentación que acredite su titularidad. Si el juez considera verosímil el reclamo, podrá ordenar la devolución del inmueble e intimar al ocupante a restituirlo en un plazo de 72 horas.

En el caso de los contratos de alquiler, el proyecto establece que, antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago, el propietario deberá intimar al inquilino mediante carta documento o correo electrónico, otorgándole un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda.

Si el incumplimiento persiste, podrá iniciarse el proceso judicial, que contempla un desalojo en un plazo estimado de diez días hábiles.

Asimismo, la iniciativa determina que los propietarios no podrán negarse a recibir las llaves del inmueble cuando el inquilino decida entregarlas, aunque conservarán el derecho de reclamar judicialmente las deudas pendientes.

En los casos en que haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes para garantizar una solución habitacional transitoria, sin frenar el avance del proceso judicial.

También se analizan pliegos judiciales

Además del proyecto sobre propiedad privada, el Senado analiza la designación de 36 funcionarios judiciales para cubrir vacantes en distintos tribunales del país.

Entre los expedientes figura la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el acuerdo de la Cámara alta para continuar en funciones tras cumplir 75 años, así como la designación de Juan Rodríguez Ponte para un juzgado federal de Lomas de Zamora.

De aprobarse estos pliegos, el Gobierno habrá avanzado en la cobertura de más de un centenar de cargos judiciales, en un contexto donde aún permanecen numerosas vacantes dentro del Poder Judicial argentino.

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