Denuncian penalmente a la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad en Buenos Aires
La asociación civil Usina de Justicia promovió la acción legal contra la magistrada Marta Elba Pascual por abuso de autoridad y usurpación funcional. La jueza había suspendido por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en territorio bonaerense.
La jueza bonaerense Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, fue denunciada penalmente luego de disponer la suspensión por 60 días de la aplicación de la ley nacional que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal en la provincia de Buenos Aires.
La presentación fue realizada por la asociación civil Usina de Justicia, acusando a la magistrada de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, tras haber hecho lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
LOS ARGUMENTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN
Desde la entidad denunciante calificaron el fallo judicial como “arbitrario y contrario a Derecho”, argumentando que avasalla la división de poderes. Según la presentación, la magistrada fundamentó su decisión en un escenario hipotético y sin la existencia de un perjuicio concreto o inminente sobre los derechos de los involucrados.
Asimismo, Usina de Justicia señaló que la jueza omitió considerar que la nueva norma nacional prohíbe expresamente las penas de reclusión o prisión perpetua para adolescentes, fijando un tope máximo de 15 años de condena e incorporando mecanismos alternativos al encierro.
ACUSACIÓN POR EXCESO DE FUNCIONES
El planteo central de la denuncia radica en que la magistrada habría excedido sus atribuciones constitucionales al paralizar los efectos de una ley penal de fondo sancionada por el Congreso de la Nación.
Desde la organización advirtieron que la medida genera una disparidad jurídica grave entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país, permitiendo que durante el período de suspensión los adolescentes de 14 y 15 años que delinquen en territorio bonaerense queden eximidos del nuevo régimen legal, situación que equipararon a una “amnistía de manera impropia”.