Denuncian al constructor de los edificios Catamarán por una presunta estafa de 500 mil dólares
La UFI Delitos Informáticos y Estafas investigará durante 12 meses el reclamo de dos empresarios por la falta de entrega de dos departamentos en el complejo Catamarán 12. Mientras la querella exige la devolución de unos $750 millones de pesos, la defensa sostiene que los inmuebles nunca se pagaron.
La Justicia Penal de San Juan formalizó la investigación contra la firma Goldstein Construcciones e involucró la actuación de Maderas Daher por una presunta estafa inmobiliaria calculada en torno a los 500 mil dólares (equivalentes a unos 750 millones de pesos).
La causa quedó radicada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde este jueves se formalizó la apertura de la investigación penal, fijando un plazo de un año para el desarrollo de las pericias y la recolección de pruebas.
LA OPERACIÓN Y EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Según consta en la denuncia presentada por los empresarios Carlos Icazatti y Manuel González, la maniobra se originó a partir de una transacción comercial con Elías Daher, titular de Maderas Daher, quien inicialmente había adquirido dos unidades en el complejo residencial Catamarán 12.
Posteriormente, Daher cedió los derechos sobre ambos departamentos a Icazatti y González. En el marco de ese acuerdo, los nuevos titulares asumieron los compromisos económicos pendientes con Goldstein Construcciones, llegando incluso a cancelar de contado obligaciones que estaban pactadas en cuotas.
Sin embargo, en abril de este año, Goldstein Construcciones desconoció la cesión de derechos realizada entre Daher y los empresarios, dio por rescindido el vínculo contractual previo y se negó a realizar la entrega efectiva de los inmuebles, lo que motivó la radicación de la denuncia penal por perjuicio económico.
LA POSICIÓN DE LA DEFENSA
Consultado sobre el avance de la causa, Carlos Icazatti prefirió no formular declaraciones públicas para preservar el desarrollo del trámite judicial.
Por su parte, la defensa de Iván Federico Goldstein, encabezada por el abogado Rubén Pontoriero, rechazó enfáticamente la existencia de un delito penal y sostuvo que el caso debe canalizarse en el fuero civil bajo la figura de un eventual desbaratamiento de derechos acordados.
“Tenemos constancia documentada y contable de que jamás se pagaron esos departamentos”, aseveró el letrado defensor, anticipando que presentarán los registros financieros de la empresa para probar que las unidades no fueron canceladas y solicitar el sobreseimiento de su representado.