Cuestionan el Manual del Foro de Abogados y reclaman mayor participación de los penalistas
Nasser Uzair, abogado que había planteado problemas vinculados al trabajo de los defensores en comisarías y el Servicio Penitenciario, aseguró que no fue convocado para elaborar el protocolo y advirtió que podría no responder a las necesidades reales del sector.
El Manual de Buenas Prácticas impulsado por el Foro de Abogados de San Juan generó cuestionamientos por parte del abogado Nasser Uzair, quien sostuvo que no fue consultado durante el proceso de elaboración, pese a haber planteado previamente situaciones relacionadas con el desempeño de los defensores en comisarías y unidades penitenciarias.
Según explicó el letrado, el origen del proyecto estaría relacionado con un conflicto que atravesó en una dependencia policial. A partir de esa situación, presentó una denuncia ante la Corte de Justicia contra integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario y solicitó el acompañamiento del Foro de Abogados.
Uzair señaló que desde hace años existirían dificultades para que los abogados puedan entrevistarse con personas detenidas. Entre los inconvenientes mencionó demoras, requisitos que consideró innecesarios y diferentes obstáculos que, a su entender, terminan afectando tanto el ejercicio profesional como los derechos de los detenidos.
Tras realizar sus presentaciones, contó que recibió una comunicación de la Secretaría de Seguridad. Allí le habrían informado que su planteo había sido considerado y que se estaba trabajando junto al Foro de Abogados en un convenio relacionado con esta problemática. También, según su versión, le habían adelantado que sería convocado para aportar a la elaboración del documento.
Sin embargo, aseguró que finalmente esa participación no se concretó. Por ese motivo, manifestó su preocupación respecto de que el contenido del Manual no refleje las situaciones que enfrentan cotidianamente los abogados penalistas.
El profesional cuestionó además que quienes participaron de la elaboración del protocolo no tendrían experiencia directa en el trabajo cotidiano dentro de comisarías y establecimientos penitenciarios. “Se cortaron solos”, fue una de las expresiones utilizadas para referirse a la falta de consulta a los abogados que desarrollan su actividad en esos ámbitos.
Uzair afirmó que incluso había enviado un listado con diferentes cuestiones que, a su criterio, deberían ser contempladas. Entre ellas mencionó la necesidad de garantizar un trato digno, respetar la privacidad, facilitar el acceso a la normativa vigente y establecer mecanismos claros para realizar reclamos o denuncias.
La Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas tampoco se habría pronunciado públicamente sobre la situación, algo que llamó la atención del abogado debido a que la entidad suele intervenir en conflictos relacionados con el ejercicio de esa especialidad.
Por su parte, el Foro de Abogados había anunciado semanas atrás la conformación de una comisión destinada a trabajar en el Manual de Buenas Prácticas. El objetivo planteado por la institución es establecer criterios comunes de actuación y mejorar la coordinación entre los profesionales y las instituciones que funcionan en comisarías y unidades penitenciarias.
Desde el organismo también señalaron que buscan generar espacios de diálogo para mejorar las condiciones del ejercicio profesional. En ese marco, además, se creó una Comisión de Defensa del Abogado destinada a proteger los derechos e intereses de los profesionales y preservar la independencia de la actividad.
Uzair aclaró que su reclamo no está relacionado con una cuestión personal, sino con la necesidad de que cualquier protocolo que regule el trabajo de los abogados contemple la experiencia de quienes desarrollan diariamente su tarea en el ámbito penal.
“Mi disconformidad es que siendo el propulsor no haya sido convocado”, sostuvo el abogado, quien insistió en que deberían participar del diseño del Manual aquellos profesionales que conocen de primera mano las dificultades que se presentan en las comisarías y el Servicio Penitenciario.
La discusión quedó planteada así en torno a la participación de los propios abogados penalistas en la elaboración de una herramienta que busca establecer pautas para su actividad profesional.