Contadora acusada de fraude deberá pagar más de $100 millones para evitar llegar a juicio
La Justicia fijó una reparación económica superior a los 100 millones de pesos para una contadora investigada por presuntas maniobras fraudulentas en una unión vecinal del departamento Angaco. La profesional tendrá un plazo de 72 horas para abonar el monto establecido y así acceder a una salida alternativa al juicio oral.
La acusada, identificada como Viviana Estela Giner, enfrenta una causa por el presunto delito de administración fraudulenta, luego de una investigación que reveló importantes irregularidades en la administración de la Unión Vecinal Villa El Salvador.
Según la pesquisa judicial, durante varios años no se habrían realizado los depósitos correspondientes a los aportes previsionales de 12 trabajadores de la institución, generando una deuda millonaria que, con intereses, supera actualmente los 102 millones de pesos.
La resolución fue adoptada durante una audiencia de garantías, donde también se dejó establecido que, en caso de no concretarse el pago dentro del plazo fijado, el expediente continuará su curso hacia la etapa de juicio.
La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal especializada en Delitos Informáticos y Estafas, que además analiza otras presuntas irregularidades detectadas en la administración de la entidad vecinal.
Entre los hechos investigados figuran la falta de presentación de balances durante varios ejercicios contables, supuestas certificaciones apócrifas y un presunto manejo irregular de fondos provenientes del servicio de agua potable que presta la institución a miles de vecinos de Angaco.
Las anomalías salieron a la luz tras una intervención realizada por la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas, organismo que detectó inconsistencias en la documentación presentada y promovió la denuncia penal.
Como parte de las medidas cautelares, la Justicia ya dispuso el embargo de bienes de la imputada, entre ellos un inmueble y una camioneta, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total del perjuicio económico ocasionado a la institución.