Conflicto limítrofe con La Rioja: San Juan prepara su defensa ante una eventual demanda en la Corte
El Gobierno de San Juan comenzó a preparar la estrategia jurídica con la que responderá si La Rioja concreta su anunciado reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el histórico conflicto de límites entre ambas provincias.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que el equipo provincial ya trabaja en la recopilación de antecedentes históricos, técnicos, cartográficos y jurídicos para sostener la posición de San Juan frente a una eventual presentación judicial.
En declaraciones a Estación Claridad, el funcionario explicó que, si bien hasta el momento La Rioja no formalizó ninguna demanda, la provincia decidió avanzar de manera preventiva en la elaboración de su defensa.
Dávila sostuvo que la postura sanjuanina se basa en la vigencia de la Ley Nacional 18.004, norma que estableció los límites interprovinciales y que, según indicó, fue posteriormente ratificada por el Congreso de la Nación. Además, aseguró que la delimitación territorial fue el resultado de estudios técnicos realizados por especialistas en agrimensura y cartografía, y no de decisiones arbitrarias.
El fiscal de Estado también afirmó que, desde la perspectiva de San Juan, no existen antecedentes judiciales ni institucionales que respalden el planteo impulsado por el gobierno riojano. En caso de que el expediente llegue a la Corte Suprema, adelantó que la provincia conformará un equipo interdisciplinario de abogados para llevar adelante la defensa, tal como ocurrió en otros litigios de importancia.
La controversia volvió a tomar fuerza luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgara una ley provincial que ratifica el reclamo sobre una franja de aproximadamente 2.651 kilómetros cuadrados ubicada en el departamento Iglesia. La norma también instruye al Ejecutivo riojano a promover una demanda ante la Corte Suprema con el objetivo de revisar la legislación vigente que fija los actuales límites entre ambas provincias.
El área en disputa posee un alto valor estratégico debido a su potencial minero y turístico, además de incluir sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos naturales y patrimoniales de la región.