Condenaron a cuatro años de prisión a un penitenciario por 53 estafas y un perjuicio de más de $264 millones
El condenado reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado. La mayoría de las personas damnificadas pertenecían al Servicio Penitenciario Provincial.
Un agente del Servicio Penitenciario Provincial fue condenado a cuatro años de prisión efectiva luego de reconocer su responsabilidad en una serie de maniobras fraudulentas que afectaron a 53 personas y provocaron un perjuicio económico superior a los 264 millones de pesos.
Se trata de Alejandro Esequiel Jofré, quien fue condenado por 53 hechos de defraudación mediante engaño. La sentencia fue homologada por el juez Matías Parrón, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa en el marco de un juicio abreviado.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Heredia, quien reconstruyó una modalidad que se habría extendido durante un período prolongado.
Promesas de importantes ganancias
Según la investigación, Jofré ofrecía a distintas personas la posibilidad de realizar inversiones con rendimientos elevados. Las propuestas contemplaban ganancias que podían alcanzar hasta el 50% en períodos de entre 30 y 60 días.
Para respaldar las operaciones, el acusado se presentaba como inversor y financista y mencionaba diferentes actividades comerciales, entre ellas negocios vinculados con harina, artículos de limpieza, materiales de construcción y préstamos a empresas.
También habría hecho referencia a supuestas operaciones relacionadas con la Municipalidad de Angaco como parte de las actividades que utilizaba para generar confianza entre los potenciales inversores.
Más de 53 damnificados
La causa permitió identificar 53 hechos independientes, con un perjuicio económico calculado en $264.395.400.
Entre los damnificados se encuentran principalmente integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, aunque también aparecen policías, empleados municipales, comerciantes, profesionales, jubilados y familiares de personas vinculadas al caso.
Durante la investigación se incorporaron más de 180 comprobantes y elementos de prueba, entre ellos conversaciones de WhatsApp, pagarés, denuncias e informes bancarios.
La Fiscalía también estableció que parte de los fondos ingresaba a cuentas pertenecientes al condenado, familiares, su pareja y terceras personas.
Ante los reclamos de quienes buscaban recuperar el dinero, se habrían presentado distintas explicaciones relacionadas con supuestos inconvenientes bancarios y dificultades para concretar las devoluciones.
Con el reconocimiento de los hechos por parte de Jofré, la Justicia homologó el acuerdo de juicio abreviado y estableció una pena de cuatro años de prisión efectiva.