Branka Motors: condenaron a los tres acusados, pero dos querellas se opusieron al juicio abreviado
Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega recibieron una pena de cinco años de prisión efectiva por 365 hechos de estafa. El perjuicio económico supera los $524 millones y los damnificados deberán reclamar la devolución del dinero por la vía Civil.
La causa penal por la megaestafa de Branka Motors, que dejó más de 300 personas damnificadas y un perjuicio económico superior a los $500 millones, llegó a una resolución con la condena de los tres principales acusados.
Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega fueron condenados a cinco años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado, luego de reconocer los hechos y su participación en las estafas investigadas.
El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, explicó que durante la audiencia se presentó la evidencia reunida durante la investigación y se acusó a los imputados por 365 hechos de estafa, con un perjuicio calculado en $524 millones.
La jueza Ana Carolina Parra homologó el acuerdo, aunque los fundamentos de la sentencia serán conocidos posteriormente.
Dos querellas rechazaron el acuerdo
Uno de los puntos destacados de la audiencia fue que no todos los damnificados estuvieron de acuerdo con el juicio abreviado.
Según explicó Heredia, el acuerdo fue puesto en conocimiento de las personas que se habían constituido como querellantes. El fiscal aseguró que se reunió personalmente con ellas para explicarles los términos y fundamentos de la propuesta.
Finalmente, dos querellas se opusieron al acuerdo, aunque la jueza decidió homologarlo. Los fundamentos de esa decisión serán determinantes para conocer los motivos por los cuales avanzó el juicio abreviado pese a esas objeciones.
Los damnificados deberán reclamar por la vía Civil
El caso comenzó a investigarse a principios de este año, luego de que numerosas personas denunciaran haber entregado dinero para adquirir motocicletas a precios convenientes que finalmente nunca recibieron.
Durante la investigación se había analizado la posibilidad de alcanzar una reparación integral para los damnificados. Para ello se realizaron distintas reuniones con las víctimas y se establecieron condiciones para que los acusados devolvieran el dinero.
Sin embargo, según explicó el fiscal, los responsables no cumplieron siquiera con el pago de la primera cuota acordada.
Ante ese incumplimiento, la Fiscalía pidió dejar sin efecto el acuerdo de reparación y continuar con la investigación penal. Posteriormente, con las pruebas reunidas, la defensa de los acusados presentó una propuesta para reconocer los hechos y aceptar una pena.
Con la condena penal ya acordada, los damnificados que busquen recuperar el dinero deberán hacerlo mediante acciones en el ámbito Civil.
Qué pasó con los bienes ofrecidos como garantía
Durante el proceso también se habían puesto determinados bienes como garantía para afrontar una eventual devolución del dinero.
Heredia explicó que la Fiscalía había solicitado ejecutar esos bienes, pero la jueza de Garantías rechazó el pedido al considerar que, tras la revocación del acuerdo de reparación integral, el proceso penal continuaba.
Posteriormente, ninguna de las partes damnificadas ni las querellas impugnó esa decisión, por lo que esa alternativa no llegó a concretarse.
Por qué recibieron cinco años de prisión
El fiscal también explicó los criterios utilizados para determinar la pena.
Entre los principales agravantes se tuvo en cuenta la magnitud del perjuicio económico y la gran cantidad de personas afectadas por las maniobras.
Como elementos atenuantes, se consideraron principalmente la edad de los acusados y la ausencia de antecedentes penales condenatorios.
De acuerdo con Heredia, la combinación de esas circunstancias permitió establecer una pena de cinco años de prisión efectiva, considerada por la Fiscalía como proporcional a los hechos y a las pruebas presentadas durante la audiencia.