Avanza en el Congreso la nueva Ley de Discapacidad: el proyecto ya ingresó al Senado y Patricia Bullrich busca sancionarlo en noviembre
Tras la aplastante aprobación en la Cámara de Diputados por 237 votos a favor, el texto que convierte en permanente el esquema de la Ley de Emergencia desembarcó en la Cámara Alta. Se perfila un consenso unánime que pone fin a la interna entre el ala política y el sector económico del Gobierno.
AVANCE PARLAMENTARIO Y RUTA EN EL SENADO
El proyecto denominado de “Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” dio un paso decisivo al ingresar formalmente a la Cámara de Senadores de la Nación este viernes 23 de octubre de 2026. La iniciativa, que el pasado miércoles por la medianoche obtuvo una rotunda media sanción en la Cámara de Diputados con 237 votos afirmativos, ya está en la mesa de trabajo de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, encabezada por Patricia Bullrich, quien prevé convertirla en ley definitiva durante el mes de noviembre.
El texto legislativo unificó de manera transversal a bloques aliados, dialoguistas y a la oposición del PJ, consolidando una mayoría de más de dos tercios en la Cámara Baja que alejó los fantasmas de un eventual veto presidencial.
El dictamen definitivo incorporó valiosos aportes de referentes como el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, mientras que en la Cámara Alta se perfila como uno de los principales espadas el senador cordobés Luis Juez, un histórico defensor de los derechos del sector. Se especula con que el plenario del Senado podría otorgar un respaldo unánime.
LA INTERNA OFICIALISTA: POLÍTICA VS. FISCALISMO
El vertiginoso tratamiento del proyecto reflejó intensas discusiones hacia el interior del Poder Ejecutivo. El ala económica liderada por el ministro Luis “Toto” Caputo impulsó originalmente en el presupuesto un esquema que proponía eliminar el nomenclador único, suprimir la actualización automática de aranceles por inflación y derogar la compatibilidad entre pensiones y empleo formal.
Sin embargo, la firme postura del ala política —con duras advertencias de Bullrich y negociaciones encabezadas por las diputadas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici ante Karina Milei y Martín Menem— logró torcer la pulseada a favor de mantener la protección social y garantizar un marco regulatorio estable y permanente.
PUNTOS CLAVE DE LA NUEVA LEGISLACIÓN
La norma, pensada para reemplazar a la Ley de Emergencia (27.793) otorgándole un carácter permanente de orden público, contempla los siguientes ejes centrales:
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Compatibilidad laboral: Se ratifica el derecho a percibir la pensión por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) siendo trabajador formal o monotributista, siempre que los ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
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Aranceles e indexación: Mantiene el nomenclador único nacional y garantiza la actualización automática mensual de los aranceles de prestadores atada a la movilidad jubilatoria e IPC.
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Cobertura de Salud: Garantiza la protección médica integral del Plan Federal Incluir Salud para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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Piso Presupuestario: La asignación de partidas para el Ministerio de Salud en la materia no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal previo.
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Regularización de pagos: Incluye una cláusula transitoria que exige al Ejecutivo confeccionar un cronograma en un plazo máximo de 30 días para cancelar la deuda histórica con los prestadores de servicios.
