El Gobierno prepara un paquete de reformas para profundizar la desregulación económica
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un nuevo conjunto de proyectos de ley que buscarán impulsar una mayor desregulación de la economía y promover la competencia en distintos sectores. Entre las principales iniciativas figuran modificaciones al Código Aduanero, cambios en el mercado inmobiliario y una reforma del régimen de cabotaje para el transporte de cargas entre puertos argentinos.
Las propuestas son desarrolladas principalmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, mientras que la reforma vinculada al transporte marítimo también cuenta con la participación del Ministerio de Economía. En la Casa Rosada aseguran que el paquete incluirá otras medidas, aunque por el momento esos tres proyectos concentran la mayor parte del trabajo técnico.
Uno de los cambios más relevantes apunta al sector inmobiliario. La iniciativa pretende modificar el sistema de corretaje para que la actividad deje de ser considerada una profesión liberal y pase a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. Además, propone flexibilizar el funcionamiento de los colegios profesionales, permitir que los corredores puedan ejercer sin límites jurisdiccionales y eliminar la obligación de matricularse en una entidad profesional.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una reforma integral del Código Aduanero con el objetivo de simplificar la operatoria del comercio exterior. El proyecto contempla reducir trámites administrativos, agilizar los procesos de importación y exportación, revisar los mecanismos de control y actualizar las normas vinculadas al delito de contrabando y sus sanciones.
Otra de las iniciativas busca modificar la Ley de Cabotaje, que regula el transporte de mercaderías entre puertos del país. La propuesta plantea abrir el mercado a una mayor competencia permitiendo que embarcaciones de bandera extranjera y con tripulación internacional puedan operar en rutas marítimas y fluviales nacionales. También prevé cambios en el régimen que regula la actividad de los prácticos, quienes asisten a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos.
Desde el Gobierno consideran que estas reformas contribuirán a reducir costos logísticos y mejorar la competitividad, aunque reconocen que la iniciativa podría generar resistencia entre sindicatos, empresas navieras y otros actores de la marina mercante por su posible impacto laboral, impositivo y regulatorio.
En los últimos días también trascendió que algunos borradores incluían la posibilidad de solicitar al Congreso nuevas facultades delegadas para avanzar con futuras desregulaciones mediante decretos. Sin embargo, fuentes oficiales descartaron esa alternativa y aseguraron que no está previsto impulsar un nuevo pedido de facultades extraordinarias.
Por el momento, el Ministerio de Desregulación indicó que los proyectos continúan en etapa de revisión y evitó precisar cuándo serán enviados al Congreso. La postura oficial es que todas las iniciativas tienen como objetivo ampliar la competencia, reducir regulaciones y modernizar el funcionamiento de distintos sectores de la economía.
Mientras tanto, el oficialismo continúa enfrentando dificultades para avanzar con otras reformas ya presentadas en el Parlamento. Entre ellas se encuentran el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y la nueva Ley General de Sociedades, iniciativas que aún deben superar el debate legislativo para convertirse en ley.