Radiografía del crecimiento judicial en San Juan: el trasfondo de una expansión constante
El reciente proyecto aprobado para crear tres nuevos puestos en los tribunales locales expone una estrategia de ampliación a cuentagotas que lleva un lustro. Sin embargo, los datos ocultan un detalle clave: la gran mayoría de los concursos no amplían la Justicia, sino que cubren baches.
El Poder Judicial de San Juan atraviesa un proceso de transformación y crecimiento permanente. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para crear tres nuevos cargos es solo el último eslabón de una cadena de reformas que comenzó formalmente en 2020.
Sin embargo, para entender el verdadero tamaño de la Justicia sanjuanina, hay que desarmar un malentendido común: un nuevo concurso no siempre significa que la estructura esté creciendo.
La gran diferencia: Crear vs. Cubrir
El movimiento de los tribunales se divide en dos carriles muy distintos, una distinción técnica que suele confundir a la opinión pública:
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Creación de cargos (Crecimiento real): Son puestos nuevos que no existían antes. Nacen de un proyecto de ley enviado por la Corte de Justicia y aprobado por la Legislatura para responder a la alta litigiosidad o a nuevos sistemas (como el acusatorio). Entre 2022 y 2026 se crearon de esta forma entre 40 y 50 cargos (jueces, fiscales y defensores).
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Cobertura de vacantes (Reemplazo): Son puestos que ya existían pero quedaron vacíos porque alguien se jubiló, renunció, ascendió o falleció.
El dato oculto: Del total de concursos convocados por el Consejo de la Magistratura, entre el 70% y el 80% corresponden a vacantes de reemplazo. Solo el porcentaje restante representa una expansión real del Estado.
La evolución de las reformas (2021 – 2026)
A falta de un registro oficial unificado que conecte cada ley con su respectivo concurso, la reconstrucción de las publicaciones oficiales permite trazar la hoja de ruta cronológica de esta expansión:
El desafío de la transparencia documental
La investigación periodística choca con una barrera burocrática: no existe un registro público unificado. El Consejo de la Magistratura lanza las convocatorias a concurso de manera abierta, pero omitiendo especificar si el puesto a cubrir es un área nueva recién aprobada por los diputados o si se trata del reemplazo de un funcionario jubilado.
A pesar de este vacío de información concentrada, la tendencia de los últimos cinco años es irrefutable: la Corte de Justicia ha optado por una política de parches legislativos y ampliaciones sucesivas en lugar de una reforma integral única, moldeando el mapa judicial a medida que las urgencias sociales y delictivas golpean las puertas de los tribunales.