San Juan | Tras la muerte de un detenido en Valle Fértil, instalarán cámaras en las comisarías de departamentos alejados
El fallecimiento de Daniel Alberto “Pichi” Paredes dentro de los calabozos de la Comisaría 12ª de Valle Fértil marcó un antes y un después para la seguridad provincial. Ante la total falta de registros visuales que ayuden a esclarecer el caso, el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, confirmó que el Gobierno avanzará con la compra y colocación de sistemas de videovigilancia en las dependencias policiales más distantes del Gran San Juan.
La medida busca saldar una histórica brecha tecnológica y evitar zonas ciegas en los lugares donde el Estado tiene la custodia de personas privadas de su libertad.
El caso que detonó la medida
La muerte de Paredes, de 45 años, ocurrió el pasado 23 de abril. A dos meses del hecho, la investigación judicial se topó con un obstáculo informático insalvable: la inexistencia de cámaras en el sector donde el hombre fue hallado sin vida.
“Estamos trabajando con la Subsecretaría de Administración Financiera para obtener los recursos necesarios”, explicó Delgado, detallando que se priorizará a los departamentos donde la infraestructura tecnológica es hoy nula o deficiente.
Para las autoridades, contar con ojos digitales permanentes no solo aportará transparencia institucional ante situaciones críticas, sino que también servirá como respaldo para el propio accionar de los uniformados.
La situación de los policías y el fuerte reclamo familiar
A pesar del impacto del caso, desde la Secretaría de Seguridad aclararon que por el momento no se han dispuesto sanciones ni apartamientos preventivos para los policías que estaban de guardia esa noche. Según el funcionario, los elementos reunidos hasta ahora por el fiscal Francisco Pizarro y por la Subsecretaría de Control de Gestión no muestran una responsabilidad evidente a simple vista, aunque no descartan medidas internas si la causa avanza.
Por su parte, la familia de la víctima rechaza de forma tajante la hipótesis de un suicidio y denuncia graves irregularidades:
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Pedido de imputación: El abogado querellante, Marcelo Sandez, exigió imputar a los guardias por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Cuestionamientos al protocolo: Los familiares denunciaron que el cuerpo les fue entregado en un cajón cerrado, una decisión oficial que despertó sospechas sobre presuntos signos de violencia física que se habrían intentado ocultar.
Mientras la justicia penal intenta reconstruir a ciegas lo que pasó aquella noche en Valle Fértil, la provincia busca apurar la llegada de tecnología para que ninguna otra muerte bajo custodia estatal quede bajo el manto de la duda.