SAN JUAN

San Juan impulsa una ley para garantizar más empleo y desarrollo local con la minería

La discusión sobre cómo transformar el potencial minero de San Juan en beneficios concretos para sus comunidades sumó un nuevo capítulo este martes. El gobernador Marcelo Orrego firmó y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley para el Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca potenciar el empleo sanjuanino, fortalecer a las empresas provinciales y maximizar el impacto económico de las futuras inversiones mineras.

La propuesta llega en un momento estratégico para la provincia. San Juan concentra cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial que existen en Argentina y forma parte de una cartera de proyectos que reúne compromisos de inversión por más de 31.200 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según explicaron desde el Gobierno provincial, el objetivo es que el crecimiento de la actividad minera tenga un efecto directo en las economías regionales, generando oportunidades laborales y empresariales para los sanjuaninos.

Empleo local y proveedores provinciales

El proyecto establece que las empresas mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con metas progresivas, medibles y crecientes. Además, estarán obligadas a informar periódicamente los resultados obtenidos.

Desde el Ejecutivo destacaron que la norma no impone cupos obligatorios ni limita la libre competencia, sino que promueve la planificación y la rendición de cuentas sobre el aporte de la actividad minera al desarrollo provincial.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, señaló que la experiencia internacional demuestra que el verdadero impacto positivo de la minería depende de la capacidad de convertir los recursos naturales en empleo de calidad y desarrollo empresarial sostenible.

Por su parte, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, remarcó que la iniciativa trasciende el concepto tradicional de una ley de proveedores, ya que también promueve la contratación de trabajadores residentes en la provincia por parte de las compañías mineras y sus contratistas.

Los tres pilares de la iniciativa

La propuesta se sustenta en tres ejes centrales:

  • Desarrollo del empleo local: establece como meta que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, priorizando a quienes viven en los departamentos de influencia directa.
  • Fortalecimiento de proveedores provinciales: busca que el 60% del monto anual de contrataciones se destine a empresas sanjuaninas que ofrezcan bienes y servicios en condiciones competitivas.
  • Articulación con los municipios: promueve que las inversiones empresariales en infraestructura, salud y educación se coordinen con los planes estratégicos municipales para generar impactos sostenibles a largo plazo.

Más previsibilidad para la cadena de valor

Otro de los puntos destacados es que las compañías deberán publicar sus planes de demanda de bienes y servicios, junto con cronogramas estimados de compras y contrataciones. La medida apunta a que las empresas locales puedan anticiparse, invertir, capacitar personal y prepararse para competir en futuros procesos de contratación.

Además, se creará el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base pública y digital que identificará a las firmas con arraigo efectivo en la provincia. Solo las empresas inscriptas podrán ser contabilizadas dentro de las metas de contratación local previstas por la ley.

Incentivos y control

La iniciativa contempla beneficios para las compañías que cumplan simultáneamente con los objetivos de empleo y compras locales. En esos casos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, con el acompañamiento de un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial encargada de auditar el cumplimiento de los planes y verificar el valor agregado local generado por la actividad.

Asimismo, el proyecto prevé sanciones para quienes incumplan injustificadamente sus compromisos, aunque contempla excepciones cuando las empresas demuestren la inexistencia de oferta local competitiva o acrediten acciones de capacitación para desarrollar proveedores y trabajadores.

Con el ingreso de la iniciativa a la Legislatura, se abre ahora el debate sobre una propuesta que busca responder a una demanda histórica de las comunidades mineras: que la riqueza generada por los recursos naturales se traduzca en más empleo, oportunidades empresariales y desarrollo sostenible para todos los sanjuaninos.

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