Maltrato animal en San Juan: acordó entregar seis dogos, donar $100.000 y hacer trabajo comunitario para evitar la condena
Franco David Aciar Castillo obtuvo la suspensión de juicio a prueba por un año luego de ser investigado por el severo Cuadro de desnutrición que padecían tres perros en su vivienda. Los animales quedarán bajo la custodia de la asociación “Pitbull en Peligro”.
ACUERDO JUDICIAL Y CONDICIONES DE LA PROBATION
Un comerciante investigado por presunto maltrato animal evitó ir a juicio penal tras pactar una suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Se trata de Franco David Aciar Castillo, quien para conceder el beneficio judicial debió comprometerse a entregar de forma voluntaria seis perros de raza dogo a la asociación protectora “Pitbull en Peligro”, entidad que asumirá de forma definitiva la custodia y cuidado de los animales.
El acuerdo, homologado en los tribunales de San Juan, establece además la obligación de realizar un aporte económico reparatorio de $100.000 destinado a la referida organización no gubernamental y el cumplimiento de 36 horas de trabajo comunitario distribuido a lo largo de un período de cuatro meses. En caso de cumplir de forma estricta todas las reglas de conducta fijadas durante los próximos doce meses, el imputado quedará eximido de recibir una pena en su prontuario penal.
INSPECCIÓN VETERINARIA Y ORIGEN DE LA CAUSA
La causa penal tuvo su origen a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre las pésimas condiciones de salubridad e higiene en las que permanecían tres canes en el inmueble del imputado. Tras la presentación de la denuncia, el fiscal José Plaza, al frente de la UFI Genérica, solicitó la correspondiente orden judicial de allanamiento y secuestro para rescatar a los animales.
Durante la inspección oficial, un profesional veterinario constató que un macho, una hembra y un cachorro de seis meses de la raza dogo presentaban cuadros agudos de desnutrición, registrando un peso corporal sustancialmente inferior a los parámetros normales para la raza. La evidencia recabada derivó en la imputación por infracción a la Ley de Protección Animal, desembocando en el compromiso reparatorio dispuesto por la magistratura.