Le pidió la moto a su peluquero para comprar tintura y terminó condenado por quedarse con ella
Federico Daniel Gutiérrez recibió 2 años y 6 meses de prisión condicional por dos maniobras: retener una motocicleta que le habían prestado y realizar una operación con otro rodado que tenía pedido de secuestro por robo.
Un pedido que parecía ser un simple favor terminó en una denuncia y, casi dos años después, en una condena judicial en San Juan.
Federico Daniel Gutiérrez fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional luego de reconocer su responsabilidad en dos hechos. La Justicia lo declaró autor de los delitos de retención indebida y estafa.
La sentencia fue dictada por el juez Matías Francisco Parrón, quien homologó el acuerdo alcanzado mediante un juicio abreviado.
Al tratarse de una pena de ejecución condicional, Gutiérrez continuará en libertad, aunque deberá cumplir distintas reglas de conducta.
El favor que terminó en denuncia
El primero de los episodios ocurrió a fines de agosto de 2024.
Gutiérrez era cliente habitual de un peluquero de apellido Basso Brizuela. Durante una de las visitas, el trabajador advirtió que necesitaba comprar tintura y Gutiérrez se ofreció a realizar el trámite.
El peluquero confió en él y le prestó su motocicleta para que fuera hasta un comercio cercano.
Sin embargo, Gutiérrez se llevó el vehículo y no regresó al local ni devolvió la moto.
El dueño intentó comunicarse mediante llamadas y mensajes, pero no obtuvo respuestas. Ante esta situación, comenzó a realizar averiguaciones y encontró indicios que relacionaban el rodado con domicilios vinculados al condenado.
Entre esos lugares aparecían una vivienda ubicada en Villa del Carril, Rawson, y el domicilio de su pareja, en el barrio La Estación.
La Justicia consideró que, como la motocicleta había sido entregada voluntariamente para un propósito determinado y luego no fue restituida, el hecho configuró el delito de retención indebida.
Una segunda maniobra con otra motocicleta
El segundo episodio ocurrió más de un año después y tuvo como protagonista a un hombre de apellido Echegaray.
La operación comenzó cuando Echegaray publicó en WhatsApp que vendía su Yamaha Crypton 110. Gutiérrez, quien era pareja de una prima del denunciante, se contactó con él y le propuso realizar un intercambio.
El acuerdo contemplaba que Echegaray entregaría la Yamaha, su documentación y un millón de pesos, mientras que recibiría a cambio una Honda Wave 110 modelo 2024.
La operación se concretó el 27 de diciembre de 2025.
En ese momento, Gutiérrez aseguró que la documentación de la Honda Wave sería entregada aproximadamente una semana después.
Pero el problema apareció cuando Echegaray comenzó a utilizar la motocicleta.
La moto tenía pedido de secuestro
El 19 de enero de 2026, Echegaray circulaba con la Honda Wave por Pocito cuando fue interceptado en un operativo policial.
Los efectivos comprobaron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente relacionado con un robo anterior, por lo que la motocicleta fue incautada.
El comprador quedó involucrado en una investigación por presunto encubrimiento, aunque no fue detenido. Posteriormente, la Honda Wave fue restituida a su propietario original.
Cuando Echegaray intentó comunicarse con Gutiérrez para obtener explicaciones, no consiguió respuestas.
Luego descubrió además que su Yamaha Crypton había sido publicada para la venta, situación que terminó incorporándose a la investigación.
La Justicia consideró acreditada la maniobra y la calificó como estafa.
La condena
Los dos episodios fueron finalmente incluidos en un acuerdo de juicio abreviado. Gutiérrez reconoció su responsabilidad y recibió una condena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional.
Por esta razón, permanecerá en libertad, pero deberá cumplir las reglas establecidas judicialmente.
Entre las condiciones figuran fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y Condenados y presentarse cuando sea requerido.
Además, tiene prohibido acercarse o realizar actos molestos contra los dos denunciantes durante el período establecido por la Justicia.