El Tribunal de Impugnaciones de San Juan confirmó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la condena a prisión perpetua contra el oficial Ricardo Dante Rodríguez Garay, por el homicidio agravado del camionero riojano Federico Gastón Orihuela, ocurrido durante una persecución policial en Valle Fértil en febrero de 2024.
La decisión, tomada por los jueces Renato Darío Roca, Maximiliano Blejman y Eduardo Raed, rechazó el recurso presentado por la defensa del policía y ratificó la sentencia dictada en mayo de 2025 por un tribunal de juicio. Rodríguez Garay fue hallado culpable de “homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas policiales abusando de su función”, tal como establece el artículo 80 inciso 9 del Código Penal.
Durante la audiencia, la defensa —a cargo de Martín Zuleta— intentó lograr la absolución o, en su defecto, que el caso fuera considerado un exceso en el cumplimiento del deber. Alegó que el oficial actuó para detener una situación “potencialmente letal”. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella desmontaron esta teoría, y el Tribunal de Impugnaciones determinó que el accionar del imputado se apartó completamente del marco legal y reglamentario.
El tribunal de juicio había concluido que Rodríguez utilizó de manera “notoriamente abusiva” la fuerza letal, excediendo “flagrantemente los límites normativos”. La evasión del control policial por parte del camionero, señalaron, no configuraba una agresión que justificara disparos.
La defensa también sostuvo que no existió dolo homicida y que los tiros fueron disuasorios. Pero las pruebas fueron contundentes: Rodríguez efectuó más de treinta disparos con tres armas, a corta distancia, con trayectorias ascendentes e impactos concentrados en la zona donde se encontraba la víctima. Orihuela recibió siete heridas de bala.
Además, ningún testigo —incluidos los oficiales que acompañaban a Rodríguez— vio al camionero manipular un arma, ni escuchó detonaciones desde el vehículo. La pericia de absorción atómica, presentada por la defensa, fue considerada un indicio débil y contaminado.
Con todos los agravios desestimados, el Tribunal ratificó la responsabilidad penal del oficial y dejó firme la condena a perpetua, destacando que las pruebas demuestran un uso sostenido, desproporcionado e ilegítimo de fuerza letal, orientado a causar la muerte del camionero.
