Cuando una restricción no alcanza: los femicidios que volvieron a poner bajo la lupa al sistema judicial de San Juan
La prohibición de acercamiento es una de las herramientas utilizadas por la Justicia para proteger a mujeres que denuncian situaciones de violencia de género. Sin embargo, una orden judicial no siempre garantiza que el agresor cumpla con la medida. El femicidio de Gemma Álvarez volvió a poner en discusión las limitaciones del sistema de protección, luego de que el acusado desobedeciera la restricción y terminara asesinándola.
El caso no representa un episodio aislado en San Juan. Existen antecedentes en los que mujeres que habían recurrido a la Justicia y contaban con medidas de protección terminaron siendo víctimas de ataques fatales.
Gemma había denunciado a su expareja y había advertido sobre el contexto de violencia que atravesaba. Luego de que el CAVIG evaluara la situación como un caso de gravedad, un juez dispuso una prohibición de acercamiento para protegerla.
Sin embargo, semanas después, Matías Marín habría seguido a la joven hasta la Costanera de Chimbas, donde terminó atacándola y provocándole la muerte. El hecho ocurrió el 30 de julio y volvió a instalar una pregunta que atraviesa numerosos casos de violencia de género: ¿qué ocurre cuando una medida judicial no alcanza para impedir que un agresor se acerque a su víctima?
Pamela Rodríguez: otro antecedente en Calingasta
Seis años antes del crimen de Gemma, San Juan había atravesado una situación con características similares. En febrero de 2020, Pamela Rodríguez, de 17 años, fue asesinada por su expareja, Ángelo Castillo.
La adolescente había denunciado al hombre en octubre de 2018. Una semana después, la Justicia de Paz de Calingasta dispuso una prohibición de acercamiento y de comunicación. También se ordenó que ambos fueran sometidos a un abordaje terapéutico.
Pese a esas medidas, el vínculo continuó y Castillo volvió a tener contacto con Pamela.
Un año después de aquella primera denuncia, la Justicia tomó conocimiento de que la joven estaba embarazada del acusado. Las medidas de protección continuaron vigentes, aunque se autorizó el contacto entre ambos por cuestiones relacionadas con el hijo que tenían en común.
El 23 de febrero de 2020, tres meses después, Pamela fue asesinada por el padre de su hijo.
El caso expuso las dificultades que pueden aparecer entre una orden judicial y su aplicación efectiva. Una restricción puede establecer legalmente una distancia entre el agresor y la víctima, pero su eficacia depende también de los mecanismos de control, seguimiento y respuesta ante posibles incumplimientos.
Tras el femicidio, la Justicia de Paz de Calingasta explicó que las medidas de protección habían sido incumplidas, en una declaración que generó cuestionamientos por la forma en que se abordó la situación.
Yanina Pérez y las alertas que no fueron suficientes
Otro antecedente más reciente ocurrió en Angaco, donde Yanina Pérez fue asesinada luego de atravesar un contexto de violencia y amenazas.
Aunque el caso presenta diferencias respecto de los anteriores, existe un elemento en común: antes del femicidio hubo señales que advertían sobre el peligro y que involucraron pedidos de ayuda.
La familia de Yanina sostuvo que la mujer había intentado recurrir a la Policía después de que Ariel Omar Pérez ingresara a su vivienda y la amenazara con un cuchillo. Sus hijas afirmaron que, cuando fueron a la Comisaría 20ª de Angaco para solicitar intervención, no obtuvieron la respuesta que esperaban.
También señalaron que previamente habían intentado conseguir una restricción perimetral y que Yanina vivía atemorizada por su expareja.
A esto se sumaba un antecedente particularmente grave. El hombre ya había sido condenado por episodios de violencia contra otra expareja.
En 2018 había intentado agredirla utilizando un cuchillo y también la había atacado por el cuello. Por ese episodio recibió una pena de un año de prisión efectiva.
En febrero de 2020 volvió a atacarla. La agresión incluyó varias heridas con un arma blanca, una de ellas con afectación de un riñón y otra sobre un tendón del brazo. Pese a la gravedad del antecedente, el hecho fue encuadrado como lesiones leves agravadas por el vínculo y derivó en una nueva condena de un año de prisión efectiva.
El hombre recuperó la libertad en 2021. Tiempo después, volvió a quedar involucrado en un episodio de violencia que terminó con consecuencias fatales.
La denuncia de Gemma y una protección que no logró evitar el desenlace
En el caso de Gemma Álvarez, la joven había recurrido al CAVIG el 1 de julio. En su presentación relató que había mantenido durante 13 años una relación marcada por los celos, el control, agresiones verbales y violencia psicológica.
También describió un episodio ocurrido durante la madrugada, cuando su entonces pareja habría ingresado a la habitación donde se encontraba junto a su hija, le habría exigido el teléfono y la habría amenazado.
Después de ese episodio, Gemma decidió abandonar la vivienda junto con su hija y trasladarse a la casa de su madre.
La denuncia puso en conocimiento de las autoridades un escenario que, de acuerdo con la investigación, presentaba señales de una escalada de violencia. La Justicia dispuso entonces una medida de protección.
Pero la restricción no logró impedir el contacto.
De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Matías Ezequiel Marín se habría dirigido hasta las inmediaciones de la vivienda donde estaba Gemma, aguardó a que saliera para dirigirse a su trabajo y comenzó a seguirla en su automóvil.
La persecución terminó en la Costanera de Chimbas, donde presuntamente provocó la caída de la motocicleta en la que viajaba la joven. Después habría descendido del vehículo y la habría atacado con un cuchillo.
La autopsia determinó que Gemma sufrió múltiples heridas cortopunzantes.
Más allá de la investigación penal y de las responsabilidades que deberán establecerse en la Justicia, el caso volvió a exponer una problemática que atraviesa los distintos episodios de violencia de género: una orden judicial puede establecer una prohibición, pero no necesariamente impide por sí sola que un agresor la incumpla.
Los casos de Gemma, Pamela y Yanina muestran distintos escenarios, pero comparten un interrogante sobre la capacidad del sistema para transformar una medida de protección escrita en una protección efectiva. La discusión, entonces, no se limita a la existencia de las restricciones, sino también a los mecanismos disponibles para controlar su cumplimiento, detectar el riesgo y actuar antes de que la violencia alcance su punto más extremo.
