Nicaragua avanza con una reforma para extender a siete años el mandato presidencial
La Asamblea Nacional de Nicaragua dio un nuevo paso en el proceso de reforma de la Constitución al comenzar el tratamiento de un proyecto impulsado por el oficialismo que propone ampliar de cinco a siete años la duración del mandato presidencial y mantener la posibilidad de reelección.
La iniciativa fue presentada este martes y enviada a una Comisión Especial de Carácter Constitucional, que será la encargada de analizar el texto, abrir una etapa de consultas y elaborar un dictamen antes de que el proyecto vuelva al recinto para su debate.
La propuesta llega pocos días después de que el presidente Daniel Ortega afirmara públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, declaraciones que despertaron preocupación y críticas tanto dentro como fuera del país.
Una nueva modificación a la Constitución
El proyecto representa un nuevo cambio en el calendario institucional nicaragüense. En 2025, una reforma constitucional ya había extendido el mandato presidencial de cinco a seis años y trasladado las elecciones nacionales previstas para 2026 hacia 2027.
Ahora, el oficialismo busca ampliar nuevamente ese período hasta siete años, argumentando que permitirá dar mayor continuidad a las políticas públicas y fortalecer la estabilidad institucional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar una mayor “estabilidad, operatividad y continuidad” del modelo de gobierno, además de facilitar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.
Cambios en las reglas electorales
Además de modificar la duración del mandato presidencial, el proyecto incorpora nuevas disposiciones sobre la participación política y el sistema electoral.
Entre los cambios propuestos figura la prohibición para que determinadas personas puedan presentarse como candidatas a cargos electivos o de designación pública.
Según el oficialismo, las restricciones alcanzarían a quienes hayan participado o financiado las protestas de 2018 o respaldado sanciones internacionales contra Nicaragua.
La reforma también otorgaría mayores facultades al Consejo Supremo Electoral, que podría cancelar candidaturas o incluso impedir la participación de partidos políticos que postulen personas alcanzadas por las nuevas prohibiciones.
Crecen las críticas internacionales
El avance de la reforma se produce en medio de un clima de fuerte tensión política y de cuestionamientos por parte de distintos organismos internacionales.
Las declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones generaron preocupación en gobiernos como los de Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, además de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que manifestaron su rechazo ante la posibilidad de nuevas restricciones al proceso democrático en Nicaragua.
Posteriormente, Gustavo Porras intentó matizar las palabras del mandatario y aseguró que el país sí celebrará elecciones, aunque defendió la necesidad de modificar las normas constitucionales y electorales para preservar, según afirmó, la estabilidad y la soberanía nacional.
El proceso recién comienza
La reforma aún no fue aprobada de manera definitiva. El proyecto deberá atravesar la etapa de consultas públicas, obtener un dictamen favorable de la comisión especial y luego ser sometido a votación en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría.
De concretarse, el cambio no solo extendería la duración de los futuros mandatos presidenciales, sino que también modificaría las condiciones de participación política en Nicaragua, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema electoral y la posibilidad de alternancia en el poder.