Echaron a un docente de Pocito que presentó al menos 10 certificados médicos truchos para justificar faltas
El Ejecutivo provincial rechazó el recurso de reconsideración planteado por el educador Pablo Nievas y confirmó su cesantía definitiva. Las auditorías determinaron que utilizó documentación adulterada para justificar inasistencias durante dos años.
SAN JUAN. El Gobierno provincial confirmó la cesantía definitiva de un docente de Pocito tras quedar acreditado que presentó reiteradamente certificados médicos adulterados para justificar ausencias laborales entre 2021 y 2022. Aunque el educador intentó revertir la sanción alegando que se trataba de errores “subsanables”, las autoridades consideraron que incurrió en una falta disciplinaria de extrema gravedad.El implicado es Pablo Nievas, quien ejercía en las escuelas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas, en el departamento Pocito. La investigación administrativa contra el agente se inició en agosto de 2022, cuando directivos escolares detectaron irregularidades en una constancia enviada por WhatsApp para justificar un faltazo.
Las irregularidades detectadas por la auditoría
A partir del primer alerta, la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos realizó una revisión exhaustiva de los registros y constató que ninguno de los permisos presentados por el docente había sido autorizado de manera oficial.
Entre los principales hallazgos del sumario se destacan:
Documentación adulterada: Se comprobaron inconsistencias en la numeración de las planillas e identificación de los profesionales firmantes.
Reiteración de la falta: Nievas utilizó al menos diez certificados irregulares a lo largo de dos años.
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Sin respaldo en el sistema: El organismo confirmó la ausencia total de registros sobre internaciones, trámites web validados o dictámenes de junta médica que respaldaran las licencias solicitadas.
Argumentos de la defensa y resolución final
En su apelación, Nievas argumentó que la cesantía era una medida desproporcionada. Sostuvo que las observaciones podían haberse corregido con documentación más legible o mediante una verificación directa con los profesionales emisores, asegurando además que no abandonó sus tareas y que estaba dispuesto a compensar las horas perdidas.
Sin embargo, tanto la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos como la Asesoría Jurídica del Gobierno desestimaron sus planteos. Los organismos remarcaron que la responsabilidad de acreditar licencias válidas recae en el trabajador y valoraron que la conducta se sostuvo en el tiempo.
Al haberse agotado la vía administrativa con el rechazo del recurso, la desvinculación del sistema educativo quedó en firme, quedándole al docente únicamente la opción de recurrir a la vía judicial.