Avances en la causa “Acueductogate”: Ratifican a la jueza Lucero e incorporan las primeras etapas de la obra en la investigación
La Justicia rechazó la recusación planteada por exdirectivos de OSSE. La documentación técnica señala la responsabilidad inicial de Cristian Andino en la firma de las primeras licitaciones cuestionadas.
La investigación judicial en torno a las presuntas irregularidades en la construcción del acueducto provincial sumó un nuevo capítulo institucional clave. El juez de Garantías Eduardo Raed rechazó de forma unánime el planteo de recusación presentado por los exdirectores de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, contra la jueza Mónica Lucero. Con esta resolución, la magistrada queda firmemente ratificada al frente de la causa.
El intento de apartar a la jueza fue considerado por diversos observadores como una estrategia procesal orientada a dilatar los tiempos de la investigación. La resolución judicial dejó en evidencia que las presentaciones se realizaron de manera anticipada, dado que los exfuncionarios aún no han sido imputados formalmente en el expediente.
El origen de las actuaciones: La gestión de Cristian Andino
Los avances en la revisión de la memoria técnica de la obra incorporaron formalmente al análisis judicial el Expediente OSSE N° 435.912, fechado el 10 de marzo de 2015. Dicha documentación cuenta con la firma del entonces presidente de la entidad y actual diputado nacional, Cristian Andino.
Bajo la gestión de Andino se confeccionaron y aprobaron los pliegos técnicos correspondientes a las dos primeras licitaciones críticas del proyecto:
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La adquisición de componentes de acero inoxidable.
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La compra de las cañerías de polietileno de la empresa Krah, las cuales posteriormente fueron objetadas por las pericias técnicas de la firma Bureau Veritas debido a fallas estructurales incompatibles con su uso.
Cronología y cadena de responsabilidades institucionales
La investigación judicial abarca un período extenso que compromete a sucesivas administraciones de OSSE y al Ministerio de Obras Públicas, en momentos en que se administraban los desembolsos de financiamiento provenientes de fondos internacionales de Kuwait:
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Cristian Andino (2011-2015): Responsable del diseño original de los pliegos licitatorios y de la contratación del proveedor de cañerías cuestionado.
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Sergio Ruiz (2015-2019): Administró el período de mayor ejecución de la obra civil y el inicio de la instalación de los materiales en el terreno.
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Guillermo Sirerol (2020-2022): Durante su mandato se recibió el informe técnico de la firma IMJ (junio de 2020), el cual advertía explícitamente sobre fallas graves en las soldaduras de los conductos. La gestión optó por dar continuidad a la obra sin subsanar las observaciones.
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Juan Carlos Caparrós (2022-2023): Condujo la empresa estatal en la etapa final de la administración anterior, período caracterizado por severos retrasos en los plazos de entrega y continuidad de flujo de fondos externos.
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Mauricio Ibarra (2023): Su gestión enfrentó denuncias gremiales por el presunto ingreso masivo de personal con fines políticos, coincidiendo con la paralización técnica de la megaobra.
A la par de las autoridades de OSSE, la investigación apunta al rol de Julio Ortiz Andino, entonces ministro de Obras Públicas. Como autoridad máxima del área, Ortiz Andino validó las modificaciones presupuestarias del proyecto, recibió las auditorías técnicas negativas del año 2020 y actuó como el nexo político para la liberación de los créditos internacionales sin aplicar las debidas garantías contractuales.
El impacto político y las aspiraciones nacionales de Sergio Uñac
El recrudecimiento del “Acueductogate” y la confirmación de pericias que califican como inutilizables los materiales enterrados abren un complejo panorama político en la provincia. En los ámbitos de análisis institucional se plantea una fuerte contradicción metodológica: resulta difícil comprender cómo el exgobernador Sergio Uñac proyecta y construye una plataforma de candidatura de alcance presidencial mientras persisten sin resolverse denuncias por presunta malversación de fondos millonarios en una obra pública vital para su propio distrito.
La opinión pública y los sectores técnicos coinciden en que la proyección de un liderazgo nacional exige, como condición primaria, la transparencia y el cierre definitivo de los pasivos de gestión locales. Mientras los ciudadanos sanjuaninos continúen privados del suministro de agua potable proyectado, el avance de esta causa penal representará un severo condicionante para cualquier aspiración política en el plano federal.