Caso Pino: condenaron a cuatro años de prisión a un jubilado por distribuir material de abuso sexual infantil
La Justicia de la provincia de San Juan dictó una condena de cuatro años de prisión efectiva para un hombre de 72 años en el marco de la causa denominada “Caso Pino”. El imputado fue declarado culpable tras un juicio oral y público que demostró su responsabilidad en la distribución de material de abuso sexual infantil a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
Por razones estrictamente de salud, vinculadas a afecciones cardíacas que padece el condenado, los magistrados dispusieron que permanezca bajo la modalidad de prisión domiciliaria hasta tanto la sentencia adquiera firmeza de ejecución.
Peritajes informáticos y el agravante de la causa
El titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, el fiscal Eduardo Gallastegui, detalló los aspectos técnicos y legales que permitieron sostener la acusación durante el debate:
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El material incriminatorio: En las pericias se acreditó fehacientemente la distribución de 11 archivos informáticos (entre imágenes y videos) que registraban a niños, niñas y adolescentes.
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Agravante por la edad de las víctimas: De la totalidad de los archivos analizados, se constató que cuatro de ellos correspondían a menores de 13 años. Esta situación encuadró el hecho en un agravante explícito del artículo 128 del Código Penal Argentino, elevando la escala de la pena. Las autoridades aclararon que las víctimas no pudieron ser identificadas y que ninguna pertenece a la provincia de San Juan.
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Grupos de WhatsApp: El condenado compartía este material en diversas salas grupales de la aplicación de mensajería. Sin embargo, debido al sistema de cifrado de extremo a extremo que posee la plataforma, los investigadores no pudieron determinar con exactitud las identidades de los destinatarios finales.
Rastreo por IP y un reporte internacional
La investigación penal preparatoria se activó a raíz de un reporte internacional de alerta generado de forma automática por los sistemas de seguridad y detección de las plataformas digitales globales.
A partir de allí, los especialistas informáticos de la provincia realizaron un rastreo minucioso de la dirección IP y de la “huella digital” de las conexiones de red. Este procedimiento científico localizó con precisión el origen de la distribución de los archivos en una vivienda del departamento de Pocito, donde el implicado, un hombre de la tercera edad y jubilado, residía completamente solo.
Tras la finalización del juicio, el fiscal Gallastegui anticipó que los fundamentos completos de la sentencia dictada por el tribunal se darán a conocer formalmente el próximo 31 de julio. Hasta esa fecha, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa técnica contarán con los plazos de ley para presentar las apelaciones o recursos correspondientes.