Manuel Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas y atribuyó USD 513.000 en ganancias a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018
Bajada: El jefe de Gabinete informó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA que el crecimiento de su patrimonio familiar se originó principalmente en operaciones con criptomonedas. La presentación busca responder a los cuestionamientos sobre la evolución de sus bienes en el marco de una investigación judicial.
En medio de la causa judicial que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni presentó una serie de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En la documentación, el funcionario atribuyó una parte sustancial del incremento de su patrimonio familiar a las ganancias obtenidas por inversiones en Bitcoin, que según su declaración alcanzaron los USD 513.000.
De acuerdo con la información incorporada en las rectificaciones, las operaciones con criptomonedas habrían sido realizadas entre los años 2013 y 2018 a través de distintas billeteras virtuales. Según la reconstrucción presentada, el capital inicial invertido rondaría los USD 200.000, monto que se incrementó significativamente como consecuencia de la valorización del activo digital y de diversas operaciones de compra y venta realizadas durante ese período.
La presentación no se limitó exclusivamente al patrimonio del funcionario. También incluyó correcciones y actualizaciones patrimoniales que alcanzan a integrantes de su grupo familiar, entre ellos su esposa. Con esta medida, Adorni busca dar respuesta a los cuestionamientos que surgieron en torno a la evolución de sus bienes y a las inconsistencias detectadas durante el proceso de investigación que lleva adelante la Justicia.
Las declaraciones juradas rectificativas constituyen un paso formal mediante el cual el funcionario busca transparentar y actualizar su situación patrimonial frente a los organismos de control. La documentación presentada será ahora analizada en el marco del expediente judicial, donde se busca determinar si el crecimiento registrado en los últimos años cuenta con una justificación económica y documental adecuada.