Los acusados fueron identificados mediante las cámaras de seguridad del edificio comunal. En una audiencia virtual, la Fiscalía aceptó una reparación integral en cuotas. Una vez que abonen el total, quedarán sobreseídos.

Dos hombres que estaban siendo investigados por vandalismo contra el patrimonio público del departamento Calingasta lograron evitar un juicio pleno tras llegar a un acuerdo económico en los tribunales ordinarios. Se trata de Andrés Recabarren y Cristhian Emmanuel Recabarren Marambio, quienes fueron imputados por el delito de daño en perjuicio de la Municipalidad de Calingasta.

El caso, impulsado inicialmente por la fiscal Daniela Pringles de la UFI Genérica, sumó una definición este martes durante una audiencia presidida por el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli. Al residir en el departamento precordillerano, los acusados participaron de la sesión de manera virtual a través de la plataforma Zoom, acompañados por su abogado defensor, Iván Román.

El hecho y la prueba clave

De acuerdo con las actuaciones que constan en el legajo judicial, el ataque vandálico ocurrió en el interior del edificio central del municipio. Los dos implicados ingresaron al sector de los sanitarios públicos y, por razones que no trascendieron, destruyeron por completo el inodoro que estaba acondicionado exclusivamente para el uso de personas con discapacidad.

La maniobra no quedó impune gracias al registro de las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos y accesos de la sede comunal. Las filmaciones se convirtieron en la prueba fundamental para que los investigadores policiales y judiciales lograran identificar con nombre y apellido a los responsables.

Reparación integral y cuotas

Ante la contundencia de las pruebas, la defensa de los Recabarren planteó una salida alternativa contemplada en el Código Procesal Penal: la reparación integral del daño. Durante la audiencia, el fiscal Adrián Riveros aceptó la propuesta económica de los imputados, quienes ofrecieron abonar la suma de $70.000 cada uno (haciendo un total de $140.000) para resarcir las pérdidas materiales ocasionadas.

El magistrado homologó el convenio, el cual se efectivizará en dos cuotas mensuales. Según precisaron las fuentes judiciales, el proceso penal quedará suspendido temporalmente y, una vez que se certifique el impacto del último pago, ambos imputados estarán en condiciones de solicitar su sobreseimiento definitivo, quedando limpios de antecedentes por este legajo.