INVESTIGACIÓN POR EL PATRIMONIO DE ADORNI: DECLARA UN TESTIGO CLAVE EN LA CAUSA POR EL DEPARTAMENTO DE CABALLITO

La justicia avanza en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la declaración testimonial de Leandro Miano ante el fiscal Gerardo Pollicita. Miano es el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que figura como acreedora en la compra de un inmueble propiedad del funcionario en el barrio porteño de Caballito.

PUNTOS CENTRALES DE LA DECLARACIÓN Y REQUERIMIENTOS

El fiscal solicitó al testigo la entrega de elementos probatorios para verificar el flujo de fondos y los gastos asociados a la propiedad:

• Documentación solicitada: Se le pidió a Miano presentar su teléfono celular, facturas, tickets y cualquier comprobante relacionado con el pago de expensas y refacciones del departamento.

• Vínculo con el préstamo: Claudia Sbabo, de 64 años, declaró previamente que fue su hijo Leandro quien le solicitó que otorgara el crédito a Adorni.

• Condiciones del crédito: Según la causa, la operación se realizó sin el cobro de intereses, un punto que generó sospechas en la fiscalía. La defensa de las acreedoras argumentó que aceptaron la oferta porque el inmueble llevaba tiempo en venta sin propuestas.

• Monto de la deuda: Adorni habría abonado 30 mil dólares en efectivo, financiando el saldo restante hasta noviembre de este año con Sbabo y otra jubilada, Beatriz Viega.

OTRAS OBRAS BAJO LA LUPA JUDICIAL

La investigación también analiza los gastos de Adorni en una casa de fin de semana en un barrio privado de Exaltación de la Cruz:

• Declaración del arquitecto: El contratista Matías Tabar detalló que entre 2024 y 2025 se realizaron remodelaciones que incluyeron pisos, baños, cocina, quincho y piscina.

• Pagos millonarios: El arquitecto afirmó haber recibido pagos por un total de 245 mil dólares (US$55.000 en 2024 y US$190.000 en 2025) por dichos trabajos.

• Inconsistencias patrimoniales: La Justicia busca determinar cómo el funcionario costeó estos gastos y un alquiler temporal de 13 mil dólares, dado que sus ingresos declarados pasaron de $3.500.000 a $7.000.000 mensuales, montos que resultarían insuficientes frente a las erogaciones detectadas.

La causa continúa bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo, con medidas que incluyen pedidos de informes financieros y registros de propiedad para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.