El anuncio del bono provincial de $120.000 para empleados públicos abrió el debate en los municipios sanjuaninos, donde las realidades financieras dispares marcan el ritmo de las decisiones. Mientras algunas comunas avanzan con el pago, otras lo evalúan con cautela y varias ya anticiparon que no podrán afrontarlo sin respaldo provincial.
Chimbas se convirtió en el único municipio que confirmó oficialmente el pago del bono, consolidando una posición clara frente al beneficio de fin de año. En el resto del Gran San Juan, el escenario es más complejo.
En Capital, la intendenta Susana Laciar mantiene en estudio la viabilidad económica del bono y analiza a qué sectores podría alcanzar. Desde Santa Lucía, el intendente Juan José Orrego manifestó voluntad política de otorgarlo, aunque aún sin definiciones concretas.
Pocito dejó la decisión en manos del acuerdo que surja con el gremio municipal, mientras que Rivadavia optó por una alternativa parcial: un bono no remunerativo destinado solo a trabajadores contratados que no cobran aguinaldo.
La negativa más contundente llegó desde Rawson, donde el intendente Carlos Munisaga descartó el bono municipal y priorizó el cumplimiento de salarios y aguinaldos, en un contexto financiero ajustado tras recientes recategorizaciones.
En 9 de Julio, el intendente Daniel Banegas reconoció que no están dadas las condiciones para un bono general, aunque garantizó el pago de haberes y aguinaldo. En tanto, Calingasta y Valle Fértil dejaron en claro que solo podrán abonar el beneficio si la Provincia aporta los fondos necesarios.
Finalmente, en Sarmiento no se registran definiciones ni avances sobre el tema, lo que suma incertidumbre al panorama general.
Así, el bono de fin de año en los municipios sanjuaninos se perfila como una medida desigual, fuertemente condicionada por la asistencia provincial y las finanzas locales.
