Escándalo por las casas del Barrio UDA II: se sumaron nuevas denuncias, ya son 44 los estafados y extienden la investigación seis meses más
El expediente que tramita en la Justicia sanjuanina contra Miguel Ceferino Aciar y Segundo Justo Salazar, referentes de la cooperativa La Fraternidad, incorporó cinco nuevos damnificados. El juez Eugenio Barbera amplió la Investigación Penal Preparatoria a la espera de pericias informáticas clave sobre la venta ilegal de carpetas en Rawson.
AUDIENCIA JUDICIAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS
El resonante megafraude por la comercialización irregular de carpetas sociales para el Barrio UDA II, ubicado en el departamento Rawson, sumó una nueva y determinante definición en los Tribunales provinciales este viernes 30 de octubre de 2026. En una audiencia presidida por el juez de Garantías Eugenio Barbera, la Justicia formalizó la incorporación de cinco nuevos denunciantes, elevando a 44 la cifra oficial de familias estafadas que buscan resarcimiento e imputaciones penales.
A la luz de los nuevos elementos presentados por la Unidad Fiscal —representada por el fiscal Atilio Yanardi y la ayudante fiscal Silvina Putelli—, el magistrado resolvió prorrogar por un plazo adicional de seis meses la Investigación Penal Preparatoria (IPP). La extensión responde a la necesidad de culminar complejas pericias informáticas sobre dispositivos celulares e informáticos secuestrados, además de recabar testimonios e informes técnicos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Los principales imputados en la causa son Miguel Ceferino Aciar y Segundo Justo Salazar, quienes ejercían como presidente y vicepresidente de la cooperativa La Fraternidad, respectivamente. Ambos continúan imputados bajo la figura penal de desbaratamiento de derechos acordados, pesando sobre ellos medidas de coerción que incluyen la inhibición general de bienes, la prohibición de salir del país y la restricción absoluta de contacto con los damnificados.
LA MANIOBRA: VENDIERON MÁS CARPETAS QUE CASAS
La maniobra delictiva investigada se remonta al año 2006. En aquel entonces, la cooperativa La Fraternidad vendió al gremio Unión Docentes Argentinos (UDA) el terreno rawsino, el cual fue posteriormente donado al IPV bajo la condición de edificar un complejo habitacional. Acting como intermediarios, los cooperativistas comercializaron un total de 145 carpetas de adjudicación, pese a que el proyecto original contemplaba la construcción de tan solo 86 viviendas.
El 4 de noviembre de 2022, el IPV realizó la entrega formal de las llaves del barrio UDA II, dejando a más de 60 familias completamente afuera a pesar de haber abonado cuotas durante años. Ante los reclamos, los acusados intentaron justificar el desfasaje prometiendo una supuesta “ampliación de 60 casas más” que jamás existió.
Cabe destacar que el imputado Miguel Ceferino Aciar arrastra un prontuario judicial severo en materia de estafas inmobiliarias: se encuentra simultáneamente vinculado al escandaloso expediente de los barrios Textiles II y Los Nogales VI, el cual acumula una masa de 176 denuncias por maniobras similares en la provincia.