Causa por vuelos irregulares a Malvinas desde Chile salpica a una multinacional y enciende la tensión diplomática
La denuncia judicial impulsada por la ANAC contra la firma multinacional Thales por traslados no autorizados entre Punta Arenas y las islas generó un fuerte impacto transandino. Se suma a la polémica por la reactivación de una ruta marítima de carga en el sur chileno.
DENUNCIA PENAL Y REPERCUSIÓN EN CHILE
Una denuncia penal presentada por el Gobierno argentino ante la Justicia Federal generó una fuerte repercusión diplomática y mediática en Chile. La presentación judicial apunta contra la multinacional de tecnología y defensa Thales, acusada de operar vuelos no autorizados por el espacio aéreo argentino conectando la ciudad trasandina de Punta Arenas con las Islas Malvinas.
La acción legal fue canalizada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona, y quedó radicada en el juzgado federal conducido por Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González. La investigación se centra en los desplazamientos realizados los días 19 y 24 de septiembre de 2026 por una aeronave Beechcraft B200 Super King Air de matrícula británica (G-FPLD), propiedad de la división Thales UK Flight Inspection Service.
Ante la presentación, las autoridades argentinas solicitaron el decomiso preventivo del avión y evalúan duras sanciones administrativas contra la compañía, que mantiene importantes contratos operativos con las Fuerzas Armadas argentinas.
EL EJE DE LA TENSIÓN BILATERAL
Medios trasandinos como BioBioChile se hicieron eco inmediato de las actuaciones judiciales, vinculando las maniobras aéreas a las exploraciones hidrocarburíferas ilegales que Gran Bretaña impulsa en el Atlántico Sur mediante el proyecto petrolero Sea Lion. Pese a la cautela de los tribunales argentinos sobre el motivo exacto de los vuelos, la causa encendió las alarmas políticas en Santiago.
A este escenario aéreo se suma el conflicto por la reactivación de una ruta marítima comercial de carga desde el puerto de Punta Arenas hacia Puerto Argentino a través del buque de bandera chilena Danstar, paralizada desde 2011 y con fecha de zarpe prevista para fin de año.
POSTURA OFICIAL Y PRESIÓN PARLAMENTARIA
El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, respaldó el accionar comercial de las firmas privadas en la región de Magallanes afirmando que no deben “dar explicaciones a nadie” respecto del ejercicio del comercio internacional, aunque ratificó el apego a la prudencia diplomática. En sintonía, la Cámara de Diputados chilena aprobó resoluciones para blindar las operaciones logísticas privadas en la zona austral.
Por parte de la Cancillería argentina, el canciller Pablo Quirno descartó de plano un quiebre de las relaciones bilaterales o hipótesis de conflicto bélico, encuadrando el diferendo en gestiones diplomáticas de rigor y desacuerdos administrativos locales que continuarán tramitándose por las vías correspondientes.