Empezó el juicio contra un policía por usar de forma imprudente su arma reglamentaria en Chimbas: la bala atravesó una ventana y terminó en una cocina

El oficial Francisco Pelaytay comenzó a ser juzgado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ocurrió cuando efectuó un disparo para dispersar un ataque a piedrazos contra una escuela en Villa El Salvador; el proyectil impactó a 1,76 metros de altura en la casa de un vecino.

INCIDENTE EN CHIMBAS Y COMIENZO DEL JUICIO

En el fuero penal de San Juan comenzó este martes 13 de octubre el juicio oral y público contra el agente policial Francisco Pelaytay, acusado del uso imprudente de su arma de fuego reglamentaria durante un procedimiento de seguridad en el departamento Chimbas. El juzgamiento se lleva a cabo ante el juez Sergio López Martí y cuenta con la acusación formal del fiscal Adolfo Díaz, de la UFI de Delitos Especiales.

Los hechos que se ventilan en el debate ocurrieron la noche del 18 de abril de 2025 en la Villa El Salvador, mientras Pelaytay cumplía un servicio de guardia adicional en un establecimiento educativo de la zona.

DISPARO AL AIRE Y RIESGO MORTAL

Según la reconstrucción fiscal incorporada al expediente:

• El ataque: El edificio escolar sufrió un ataque a piedrazos perpetrado por un grupo de personas, situación ante la cual el efectivo salió al exterior y efectuó un disparo con su pistola Bersa calibre 9 mm.

• Trayectoria peligrosa: El proyectil recorrió aproximadamente 100 metros, atravesó el vidrio de la ventana de un domicilio particular de calle aledaña y quedó alojado en la pared de concreto de la cocina, a una altura de 1,76 metros del suelo, rozando la humanidad del propietario, Alberto Luna, quien se encontraba en el interior.

• Secuestro de pruebas: Personal de Criminalística extrajo la ojiva de la mampostería y procedió al secuestro del arma de fuego reglamentaria y un cargador con 33 cartuchos para los peritajes balísticos.

Pelaytay llega al debate imputado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En caso de ser hallado culpable, enfrenta una pretensión punitiva de hasta dos años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.