El Colegio de Traductores de San Juan investiga a otras cuatro personas por ejercicio ilegal de la profesión
A raíz de la probation concedida a Valentina Rampulla por ejercer sin título ni matrícula, la institución reveló que mantiene en la mira a cuatro sospechosos. Advierten sobre la competencia desleal y remarcan la diferencia entre saber un idioma y estar habilitado legalmente.
ANTECEDENTE RAMPULLA Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS CASOS
Luego de que la Justicia sanjuanina le otorgara la probation a María Valentina Rampulla por la usurpación de la profesión de traductora de inglés —quien promocionaba servicios profesionales y docencia universitaria en la provincia de San Juan sin poseer título ni matrícula—, el Colegio de Traductores local advirtió que no se trata de un hecho aislado. La secretaria general de la entidad, Agustina Bellino, confirmó que actualmente realizan el seguimiento de cuatro personas más en la provincia por situaciones similares.
RECOLECCIÓN DE PRUEBAS Y DIFICULTADES EN REDES SOCIALES
Desde la institución explicaron que la acción judicial iniciada contra Rampulla surgió para resguardar a los profesionales matriculados y combatir la competencia desleal. A diferencia del caso que sentó antecedente, donde la involucrada mantenía una alta exposición pública y realizaba descalificaciones hacia las autoridades de la entidad, los otros cuatro sospechosos adoptan un perfil de menor visibilidad y promocionan sus servicios en el ámbito privado, lo que dificulta la obtención inmediata de pruebas para avanzar en los tribunales.
EXIGENCIA DE TÍTULO Y ARANCELES MÍNIMOS
Bellino enfatizó la necesidad de concientizar a la comunidad sobre la responsabilidad legal que implica la traducción, señalando que haber residido en el exterior o estudiado en un instituto no faculta a nadie a ejercer legalmente. Asimismo, el Colegio advirtió sobre otra arista de la competencia desleal: profesionales matriculados que cobran por debajo de los honorarios orientativos mínimos, exhortando a empresas, organismos y particulares a contratar únicamente a traductores con título oficial y matrícula vigente para resguardar la validez jurídica de las traducciones.