Se sumaron nuevos imputados en la causa de la “viuda negra”: investigan a familiares de Carina Godoy por las estafas a ancianos en San Juan
La UFI de Delitos Informáticos y Estafas formalizó a otros cinco integrantes del entorno íntimo de la principal acusada. Están señalados como partícipes necesarios en una red criminal que despojaba a jubilados vulnerables de sus inmuebles y cobraba créditos a su nombre.
FORMALIZACIÓN Y ROLES EN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La investigación judicial iniciada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari sumó cinco nuevos imputados en la causa que investiga a Carina Godoy, conocida como la “viuda negra”, y a su entorno familiar. Durante la audiencia llevada a cabo ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, se formalizó la acusación contra Juan Ignacio Gómez, Micaela Araya, José Rodríguez y Rocío Aguilera, mientras que una quinta sospechosa de apellido Elizondo debió ser trasladada de urgencia al Centro Báez Laspiur tras descompensarse en el edificio de Tribunales.
Con estas incorporaciones, la causa alcanza a 11 imputados en total. Según la hipótesis fiscal, los acusados —en su mayoría hijos y parejas del círculo familiar de Godoy— cumplían roles específicos de cooperación necesaria en las defraudaciones. Mientras algunos miembros se encargaban del cuidado y control de los ancianos captados, otros participaban en la triangulación del dinero obtenido mediante préstamos bancarios solicitados con la identidad de las víctimas y en la ocupación ilegítima de los inmuebles apropiados.
MODUS OPERANDI, DESPOJO Y PRISIÓN PREVENTIVA
La fiscalía expuso un mecanismo sistemático mediante el cual los imputados captaban a hombres mayores en situación de vulnerabilidad o sin red familiar, muchos de ellos con padecimientos cognitivos severos similares a la demencia senil. Tras ganarse su confianza y obtener amplios poderes o datos personales, los despojaban de sus viviendas y los trasladaban a domicilios precarios o alejados, manteniéndolos retenidos en condiciones extremas. En al menos tres inmuebles pertenecientes a una víctima fallecida, se constató que figuraban bajo control directo de la organización.
Ante los planteos de la defensa —ejercida por los abogados Gustavo De la Fuente y Franco Vázquez—, la magistrada dio lugar al pedido fiscal y fijó un plazo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un año. Asimismo, se dictó la prisión preventiva para los imputados con el objetivo de evitar el entorpecimiento probatorio y el contacto entre los involucrados, disponiendo la modalidad domiciliaria con custodia policial únicamente para aquellas madres a cargo de menores de cinco años.