Condenaron a una empleada de la UNSJ por fraguar 33 certificados para ganar un concurso de Director Administrativo
Marcela Ivana Díaz buscaba quedarse con el cargo en la Facultad de Ciencias Sociales. Fue descubierta por una competidora que advirtió irregularidades en los diplomas, firmas falsificadas y horas de capacitación incompatibles.
Lo que comenzó como un concurso interno cerrado para cubrir un cargo de jefatura en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) finalizó con una causa penal y la condena de una trabajadora no docente. Marcela Ivana Díaz fue sentenciada a un año de prisión en suspenso tras admitir en un juicio abreviado haber falsificado y presentado 33 certificados de capacitación para incrementar de forma ilícita su puntaje.
El objetivo de la maniobra era obtener la jefatura de la Dirección Administrativa en la Facultad de Ciencias Sociales.
IRREGULARIDADES Y LA DENUNCIA DE UNA COMPETIDORA
El fraude comenzó a desmoronarse cuando otra empleada que participaba del mismo concurso revisó el expediente de antecedentes y detectó gruesas inconsistencias. Entre la documentación figuraban certificados de cursos realizados años atrás, fechas de emisión inconexas y una carga horaria de 300 horas de formación concentradas en un solo año.
Además, llamó la atención la similitud entre la caligrafía de la imputada y los escritos de las certificaciones. Tras la impugnación formal, la Dirección de Asuntos Legales de la UNSJ inició un sumario e intervino como parte querellante ante la Justicia Federal.
PERITAJES Y SENTENCIA
Un informe institucional de la universidad confirmó que varios de los cursos acreditados estaban dirigidos de manera exclusiva a docentes y profesionales, función que no correspondía al escalafón de la postulante. Asimismo, pericias grafotécnicas realizadas por la Gendarmería Nacional confirmaron las sospechas sobre la confección de los diplomas, al tiempo que exautoridades universitarias desconocieron enfáticamente las firmas impresas.
Ante la contundencia de las pruebas recopiladas por la fiscalía, la defensa de la imputada acordó la realización de un juicio abreviado. En la audiencia, Díaz reconoció la autoría de los hechos y la jueza interviniente homologó el acuerdo, imponiéndole la pena de un año de prisión de ejecución condicional.