Un juez de San Juan alertó por el impacto de la nueva ley penal juvenil: “La educación es lo que resuelve el problema”
El magistrado Jorge Toro advirtió que la reducción de la edad de imputabilidad exigirá fortalecer los programas socioeducativos, la atención de adicciones y el acompañamiento escolar para evitar que el encierro se convierta en la principal respuesta.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, prevista para el 5 de septiembre, plantea importantes desafíos para San Juan. El juez penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, puso el foco en la necesidad de que la aplicación de la normativa esté acompañada por recursos y políticas de reinserción, especialmente para los adolescentes que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
La Ley 27.801 establece que los adolescentes desde los 14 años podrán ser considerados penalmente responsables por determinados delitos. El nuevo esquema reemplaza al régimen anterior y plantea una serie de medidas socioeducativas como alternativa al cumplimiento efectivo de penas, dejando la privación de la libertad como último recurso.
Durante una entrevista con Radio Sarmiento, Toro manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar una implementación sin suficientes herramientas de acompañamiento. Según explicó, si los programas destinados a los jóvenes fracasan, la propia legislación contempla que puedan avanzar hacia sanciones más severas.
El riesgo de que el encierro sea la respuesta
El magistrado sostuvo que uno de los principales desafíos será evitar que los institutos terminen recibiendo a una cantidad creciente de adolescentes por delitos de menor gravedad.
Toro utilizó la expresión “pequeños ladrones de gallina” para advertir sobre el riesgo de que el sistema termine recurriendo al encierro ante la ausencia de alternativas eficaces.
Para el juez, la nueva legislación obliga al Estado a desarrollar programas capaces de abordar las causas que atraviesan a los adolescentes que delinquen, entre ellas las adicciones, la desvinculación escolar y las dificultades educativas.
En ese sentido, remarcó que la privación de la libertad debe mantenerse como una medida excepcional y que primero deben agotarse las alternativas socioeducativas previstas por la normativa.
Un grupo reducido concentra la mayor preocupación
De acuerdo con los datos aportados por Toro, los menores de 18 años representan menos del 2% de las causas delictivas en San Juan. Además, señaló que alrededor del 79% de los adolescentes que cometen un delito no vuelve a hacerlo.
El mayor desafío estaría concentrado en un grupo mucho más reducido. El juez estimó que entre un 8% y un 9% de los jóvenes que delinquen —unos 60 o 70 adolescentes durante un año— acumulan una mayor cantidad de hechos.
Según su descripción, se trata de jóvenes atravesados por consumos problemáticos, conflictos familiares y una fuerte desvinculación del sistema educativo. Incluso señaló que algunos terminan la escuela primaria con graves dificultades para leer, escribir y comprender textos.
La infraestructura, otro desafío para San Juan
Toro también cuestionó la preparación de la provincia para afrontar el nuevo escenario. San Juan cuenta actualmente con el Instituto Nazario Benavídez como establecimiento destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad.
El cambio en la edad de responsabilidad penal implicará adaptar su funcionamiento para atender a una franja etaria más amplia y establecer diferentes modalidades de intervención según las características de cada caso.
A esto se suma la necesidad de contar con supervisores y equipos capaces de realizar un seguimiento territorial de los adolescentes, articulando con escuelas, clubes, familias y otros espacios de la comunidad.
El juez señaló que desconoce si la figura del supervisor ya fue implementada y planteó interrogantes sobre la existencia de dispositivos adecuados para atender a adolescentes mujeres bajo el nuevo régimen.
La advertencia sobre los macroinstitutos
Otro de los puntos señalados por Toro fue la necesidad de no repetir modelos institucionales del pasado. Recordó experiencias de grandes establecimientos destinados a concentrar a numerosos niños y adolescentes vulnerables y sostuvo que esas estructuras terminaron reproduciendo situaciones de exclusión.
Para el magistrado, la respuesta no debería limitarse a construir más espacios de encierro, sino a fortalecer las políticas educativas, sanitarias y sociales que permitan intervenir antes de que los jóvenes queden atrapados en un circuito de reiteración delictiva.
La implementación de la nueva ley, de este modo, no solo representará un desafío para el Poder Judicial, sino también para las áreas provinciales encargadas de garantizar educación, salud, tratamiento de adicciones y acompañamiento social.
