Desestimaron la denuncia del presidente del Concejo de Angaco contra un fiscal y un concejal opositor
El fiscal Adolfo Díaz consideró que los hechos denunciados no configuraban delitos y resolvió no iniciar una investigación penal. La decisión fue apelada y ahora deberá ser revisada por un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales.
La denuncia presentada por el presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Alberto de los Ríos, contra el fiscal Francisco Nicolía y el concejal opositor Andrés Olivera fue desestimada por la Justicia.
El fiscal Adolfo Díaz resolvió rechazar la presentación “in limine”, al considerar que los hechos expuestos no reunían los elementos necesarios para configurar los delitos denunciados. La decisión, sin embargo, fue apelada y deberá ser analizada por un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales.
Qué había denunciado De los Ríos
La presentación había sido realizada por De los Ríos junto con la secretaria administrativa del Concejo, Valeria Olivera, y apuntaba contra Nicolía, integrante de la UFI Delitos Especiales, y el concejal Andrés Olivera.
La denuncia mencionaba presuntos delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo.
El planteo surgió a partir de la manera en que el fiscal se había comunicado con Olivera durante una investigación penal que involucra al propio De los Ríos, a otros concejales y al intendente de Angaco, José Castro.
En ese expediente, Nicolía había citado al concejal para que declarara como testigo y solicitó documentación vinculada con una sesión del Concejo Deliberante.
El análisis del fiscal Díaz
Entre los elementos aportados en la denuncia había mensajes y audios de WhatsApp intercambiados entre el fiscal y el concejal.
Según la presentación, De los Ríos entendía que las comunicaciones y la advertencia de una posible denuncia si no se entregaba la documentación podían constituir un delito.
Sin embargo, Díaz sostuvo que la citación de una persona a declarar por medios como WhatsApp no constituye por sí misma un hecho ilícito cuando se realiza dentro de una investigación.
El fiscal también consideró que advertir sobre las consecuencias jurídicas de no entregar documentación requerida en una causa penal tampoco configuraba coacción, sino que constituía una comunicación sobre las posibles consecuencias de un incumplimiento.
El pedido de documentación que originó el conflicto
Otro de los puntos analizados estuvo relacionado con un acta de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en la que se había aprobado un convenio con el intendente.
Según la resolución, Olivera había solicitado formalmente esa documentación y, posteriormente, Nicolía también había requerido una copia certificada del acta en el marco de la investigación penal.
De acuerdo con lo señalado por Díaz, el presidente del Concejo habría remitido inicialmente una copia que no estaba certificada, argumentando cuestiones administrativas, y posteriormente habría informado que realizaría la entrega correspondiente.
La causa que involucra al intendente y concejales
El conflicto se encuentra relacionado con otra investigación penal en la que están involucrados De los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, además del intendente José Castro.
La Fiscalía investiga presuntos delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y un convenio que habría sido firmado entre el jefe comunal y los concejales para evitar que Castro fuera sometido a juicio por hechos de su anterior gestión.
En julio, el fiscal Nicolía logró formalizar esa investigación, medida que fue avalada por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, quien estableció un plazo de siete meses para el desarrollo de la investigación.
La decisión fue apelada
Tras la resolución de Díaz, fuentes oficiales confirmaron que el abogado Leonel García, representante legal del Concejo Deliberante, solicitó la revisión de la decisión.
Ahora, el planteo deberá ser analizado por un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, que podría ser Iván Grassi o Roberto Ginsberg.
De esta manera, la denuncia contra Nicolía y Olivera no quedó cerrada definitivamente, ya que la apelación deberá ser resuelta por la instancia correspondiente.