Denunció haber sufrido abusos durante años: su padrastro quedó en prisión preventiva en San Juan
Un hombre de 38 años quedó detenido con prisión preventiva luego de ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante varios años, desde que la joven era menor de edad. La investigación sostiene que los hechos habrían ocurrido dentro del ámbito familiar y que, como consecuencia de los abusos, la víctima quedó embarazada durante su adolescencia.
El caso fue abordado este jueves durante una audiencia de formalización encabezada por el juez de Garantías Diego Sanz. El fiscal Mario Panetta Soppelsa, de la UFI CAVIG, presentó ante la Justicia los elementos reunidos hasta el momento y describió la situación denunciada por la joven, que actualmente tiene 18 años.
Según la acusación, los primeros episodios habrían comenzado cuando la víctima tenía 9 años. El imputado, quien convivía con ella y ocupaba dentro del hogar el lugar de padrastro, habría aprovechado esa situación para someterla de manera reiterada.
Uno de los hechos que forma parte de la investigación ocurrió cuando la adolescente tenía 15 años y quedó embarazada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el embarazo habría sido consecuencia de los abusos. La joven fue sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el 26 de octubre de 2023, cuando cursaba 11 semanas de gestación.
La madre había prestado su consentimiento para el procedimiento, aunque manifestó ante la Justicia que desconocía el origen del embarazo. Según su declaración, su hija le había contado que mantenía una relación con un joven.
Cinco días después de la intervención, la adolescente recibió un implante anticonceptivo subdérmico. La investigación sostiene que, a partir de entonces, los abusos se habrían vuelto más frecuentes y continuaron hasta que la joven cumplió 17 años.
La denuncia fue radicada el 9 de julio de este año por una tía de la víctima. En una primera instancia, al acusado se le impuso una medida de restricción de acercamiento, por lo que permaneció en libertad.
Durante la audiencia, el imputado permaneció en silencio y no brindó declaraciones sobre las acusaciones. Mientras tanto, la Fiscalía presentó documentación y otros elementos que, según sostuvo, respaldan el relato de la denunciante.
Entre las pruebas incorporadas se encuentran registros médicos de hospitales públicos que acreditan la realización de la IVE y la posterior colocación del implante anticonceptivo. También se presentó un informe elaborado por una psicóloga que asistió a la joven luego de la denuncia. La profesional señaló que su relato presentaba coherencia y lógica y que no advertía indicios de que hubiera sido preparado o impuesto.
La Fiscalía imputó al hombre por abuso sexual con acceso carnal agravado, debido a que la presunta víctima era menor de edad y existía una relación de convivencia. Además, solicitó que permaneciera detenido durante el desarrollo de la investigación.
La defensa oficial, representada por las abogadas Maira Elías y Daniela Emín, rechazó la acusación y cuestionó la necesidad de imponer la prisión preventiva. Entre sus argumentos, señaló que el imputado no registra antecedentes penales, que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que se presentó ante la Justicia cuando fue citado.
La decisión de la Justicia
Luego de escuchar a las partes, el juez Diego Sanz resolvió dictar prisión preventiva para el acusado por dos meses y estableció un plazo de nueve meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria.
En sus fundamentos, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, que el hecho investigado pudo haber ocurrido. También analizó el posible riesgo de fuga y señaló que el imputado dejó la vivienda que compartía con su pareja y sus hijastros después de la denuncia, para trasladarse a la casa de un hermano. A esto se suma que su actividad laboral en la cosecha no se encuentra registrada.
El juez también consideró la posibilidad de que, si permaneciera en libertad, pudiera interferir en la investigación, teniendo en cuenta que todavía deben declarar distintos testigos y que existe un eventual riesgo de contacto con la denunciante y su entorno.
Finalmente, el magistrado hizo referencia a la Convención de Belém do Pará y destacó la obligación estatal de proteger a las mujeres frente a situaciones de violencia. En ese contexto, consideró que la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación y resguardar a la joven durante el proceso judicial.