Vicuña: el Gobierno acelera el tratamiento en Diputados por un acuerdo de US$250 millones
El Gobierno de San Juan prepara un fuerte despliegue político para impulsar en la Cámara de Diputados la aprobación del convenio firmado con Vicuña, que contempla un aporte de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura en la provincia.
El acuerdo fue firmado el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para que sea ratificado por la Legislatura. De no concretarse la aprobación dentro de ese período, el convenio quedaría sin efecto. El plazo vence el próximo 4 de octubre.
Aunque el oficialismo considera que tendría los votos necesarios para avanzar con el proyecto, el Ejecutivo busca evitar demoras y despejar cualquier duda entre los legisladores.
Tres ministros y un funcionario en Diputados
Este viernes, desde las 8:30, funcionarios del Gobierno provincial asistirán a la Cámara de Diputados para explicar los detalles del convenio.
Está prevista la presencia del ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el titular de Producción, Gustavo Fernández; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. También podría participar el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.
El objetivo será brindar información técnica y política sobre el acuerdo y acelerar su tratamiento legislativo, debido al plazo establecido para su aprobación.
Cómo se utilizarán los US$250 millones
El convenio establece un aporte fijo de hasta US$250 millones destinado a financiar anticipadamente obras de infraestructura en distintos puntos de San Juan. Los recursos no estarán limitados al departamento de Iglesia, donde se desarrolla el proyecto minero.
El dinero comenzaría a ser desembolsado a partir del 20 de diciembre de 2026 y no será entregado en un único pago. Los fondos se liberarán de acuerdo con la presentación de certificados que acrediten el avance de las obras.
Entre los proyectos anunciados se encuentra la construcción de la Ruta 40 Norte, en el tramo comprendido entre Albardón y San Roque, en Jáchal. Además, se prevé destinar recursos a otras obras viales, infraestructura hídrica, saneamiento y viviendas.
Los fondos no podrán utilizarse para propaganda política ni campañas electorales.
Las obras deberán licitarse
El acuerdo también establece cómo deberán contratarse los trabajos financiados con estos recursos. Las empresas deberán ser seleccionadas mediante licitaciones públicas y bajo el régimen de Obras Públicas de San Juan, sin importar el monto de cada obra.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia tendrá a su cargo los controles que correspondan sobre el funcionamiento del esquema.
El rol del Banco San Juan
El convenio contempla la creación de un fideicomiso para administrar los fondos. La Provincia será responsable de su constitución, organización, control y auditoría, mientras que el Banco de San Juan actuará como fiduciario.
Por su participación, la entidad bancaria cobrará una comisión anual del 0,45% sobre el patrimonio administrado por el fideicomiso.
La estructura permitirá que los recursos aportados por Vicuña sean administrados y destinados exclusivamente a las obras y objetivos establecidos en el acuerdo.
Qué ocurrirá después de los primeros cinco años
Durante los primeros cinco años de comercialización del proyecto, el aporte fijo permitirá cubrir determinadas obligaciones vinculadas con la Declaración de Impacto Ambiental y compromisos ambientales y comunitarios establecidos en el convenio.
A partir del sexto año de producción y comercialización, el mecanismo cambiará. Vicuña deberá realizar un Aporte DIA de Explotación equivalente al 1,5% de la base utilizada para calcular las regalías mineras, obligación que se mantendrá durante el resto de la vida útil del proyecto.
El esquema de regalías
El acuerdo también fija condiciones particulares para las regalías mineras de Vicuña.
La tasa será del 3%, pero se calculará sobre el valor bruto de comercialización de los minerales y no sobre el valor en boca de mina. De acuerdo con el convenio, este mecanismo se mantendrá durante la vida útil del proyecto bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
Qué pasa si hay un conflicto
El Acta Compromiso también contempla un mecanismo para resolver eventuales disputas entre las partes.
Si una controversia no logra solucionarse mediante una negociación amistosa dentro de los 90 días, podrá recurrirse a un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El tribunal estará compuesto por tres árbitros, tendrá sede en San Juan y el procedimiento se desarrollará en español.
Con el plazo de 60 días ya corriendo, el Gobierno busca que los diputados analicen los detalles del convenio y definan su ratificación antes del vencimiento establecido. El próximo paso será la presentación de los funcionarios provinciales ante la Cámara para explicar los alcances de uno de los acuerdos económicos más importantes vinculados al desarrollo minero de San Juan.