El faltante de armas en la Policía de San Juan podría terminar en la Justicia Penal
Una investigación interna detectó que no se puede establecer el paradero de más de 130 pistolas adquiridas en 2022. La Jefatura ya habría decidido avanzar con una denuncia, aunque las autoridades mantienen cautela sobre el caso.
La investigación por el supuesto faltante de armas en la Policía de San Juan podría dar un nuevo paso y llegar a la Justicia Penal. Según fuentes de la propia fuerza, los primeros informes elaborados durante el sumario administrativo indican que se desconoce dónde están más de 130 pistolas que formaban parte de un lote adquirido en 2022.
Aunque oficialmente todavía no hubo una confirmación, dentro de la institución trascendió que la decisión de presentar una denuncia penal ya estaría tomada y solo restaría completar los últimos informes solicitados.
El caso generó preocupación entre las autoridades policiales debido a que se trata de pistolas Bersa calibre 9 milímetros que fueron compradas por el Gobierno provincial y cuyo destino actualmente no puede ser acreditado mediante los registros disponibles.
Una de las principales incógnitas que intenta despejar la investigación es si las armas efectivamente ingresaron a la Policía y posteriormente fueron asignadas a un destino que no quedó asentado correctamente, o si, pese a figurar en la documentación de compra, nunca llegaron a la provincia.
Un inventario puso el foco sobre más de 130 pistolas
La investigación interna se encuentra en marcha desde hace varias semanas. Como parte de las primeras medidas, la Jefatura dispuso el traslado de los siete efectivos que cumplían funciones en la División Armamento y ordenó elaborar un inventario detallado para determinar qué ocurrió con las pistolas.
El relevamiento debía establecer cuántas armas habían sido entregadas, quiénes las recibieron y cuál era su ubicación. Los informes preliminares habrían revelado que poco más de 130 pistolas no pueden ser ubicadas, situación que habría acelerado la posibilidad de llevar el expediente al ámbito penal.
El armamento forma parte de un lote de aproximadamente 500 pistolas Bersa 9 milímetros adquirido por el Gobierno de San Juan en 2022, mediante una licitación pública a la empresa Punto de Impacto.
La compra se realizó durante la gestión de la anterior Jefatura de Policía. La imposibilidad de localizar parte de ese armamento llevó a revisar los registros de la División Armamento y derivó en la apertura de un sumario administrativo.
Trasladaron a siete policías
El caso tomó estado público el 16 de julio, cuando se conoció que la Jefatura había ordenado el traslado de siete integrantes de la División Armamento.
La medida alcanzó al suboficial principal Mauricio Javier Ríos, la cabo primero Laura Verónica Aballay, los cabos primeros Javier Darío Lucero y Martín Hernán Villalobos, y los cabos Carlos Andrés Chaves, Franco Miguel Troncoso y Franco Gabriel Tejada.
En paralelo, el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña fue designado al frente de la división con la misión de reorganizar el área y avanzar con la actualización de los inventarios.
Dos versiones sobre el origen de la investigación
Con el avance del sumario comenzaron a conocerse distintas versiones sobre qué motivó la revisión del armamento.
Desde la Secretaría de Seguridad señalaron inicialmente que todo comenzó a partir de un requerimiento realizado por la Justicia de Salta. El pedido estaba relacionado con una pistola Bersa perteneciente a la Policía de San Juan que había sido secuestrada en esa provincia.
Sin embargo, dentro de la fuerza también circuló otra hipótesis. La investigación podría estar vinculada con un operativo realizado por Gendarmería Nacional en abril, en el norte de Salta, donde fueron secuestradas ocho pistolas que estaban en poder de tres personas que viajaban en un automóvil.
El procedimiento se realizó el 18 de abril de 2026, sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de Salvador Mazza, departamento Orán. Personal del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” inspeccionó un vehículo y encontró ocho pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros con sus numeraciones limadas, además de 16 cargadores y tres teléfonos celulares.
Por disposición de la Fiscalía Federal de Tartagal, las armas fueron secuestradas y los tres ocupantes del vehículo quedaron detenidos.
El operativo fue informado oficialmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque nunca se confirmó públicamente de dónde provenían las pistolas ni si estaban relacionadas con el armamento adquirido por la Policía de San Juan.
Dentro de la fuerza sanjuanina, sin embargo, comenzó a circular la versión de que las armas secuestradas podrían pertenecer a aquel lote comprado en 2022.
Ahora, con el resultado preliminar de los inventarios y la imposibilidad de establecer el destino de más de un centenar de pistolas, la investigación podría abandonar el ámbito exclusivamente administrativo y pasar a manos de la Justicia Penal, que deberá determinar si existió alguna irregularidad y, eventualmente, quiénes serían responsables.